La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto para crear el Registro de Empresas de Comercio al por Menor de Productos Alimenticios en la región. El objetivo es claro: reforzar la protección de la salud pública y de los derechos de los consumidores cuidando que estas empresas cumplan la normativa y estén bajo control oficial.\n\nQuedan obligados a inscribirse los establecimientos que venden alimentos y bebidas directamente al público, es decir, todo aquello que el cliente compra para consumir, ya sea para llevar o para consumir en el local.

Esto incluye los locales donde se venden productos alimenticios al detalle, como tiendas o puestos, y, sobre todo, los negocios de restauración que atienden al consumidor final.

En este sentido, se contemplan bares de copas, cafeterías y restaurantes, con o sin elaboración de los productos.\n\nTambién entran en el registro los negocios de restauración colectiva, como los que sirven comida en colegios, comedores de empresa o cocinas hospitalarias.

Es decir, aquellos lugares que preparan y distribuyen comida para grupos de personas de forma organizada y regular.\n\nAdemás, quedan obligados aquellos que utilizan una vivienda para la elaboración y posterior venta de alimentos. En estos casos, para iniciar la actividad será necesario presentar una declaración responsable, y la inscripción en el registro se completará con los controles e inspecciones que realizará la Dirección General de Salud Pública.\n\nQuedan excluidos los espacios en los que se preparan y suministran alimentos de manera ocasional, como podrían ser celebraciones religiosas, escolares o benéficas, donde no se desarrolla una actividad continuada de venta de alimentos.\n\nEste registro no es solo un listado; funciona como una herramienta para que las autoridades sepan dónde opera cada empresa, y para garantizar la higiene, el etiquetado correcto, la manipulación adecuada de los alimentos y la trazabilidad de la cadena de suministro.

En la práctica, facilita detectar posibles incumplimientos y actuar con rapidez si surgiera algún riesgo para la salud pública.\n\nHistoricamente, la seguridad alimentaria en España se apoya en una combinación de normas europeas y leyes nacionales, con las comunidades autónomas a cargo de la vigilancia sanitaria en su territorio.

La figura de la declaración responsable se ha utilizado en muchos trámites para agilizar procesos, pero siempre con la expectativa de un control posterior por parte de las autoridades.

La medida de Madrid se inscribe en esa línea: simplificar el inicio de la actividad para las empresas, pero aumentando la vigilancia y la responsabilidad de cada negocio.\n\nEste decreto se enmarca en una tendencia más amplia de reforzar la protección de la salud y de los derechos de los consumidores que se ha visto en distintas regiones y sectores.

Con ello, la Comunidad de Madrid pretende evitar fraudes y problemas de salud relacionados con la alimentación, al tiempo que ofrece certezas a los comercios reglados y al público.\n\nEl decreto fue aprobado en el Consejo de Gobierno este miércoles, 28 de marzo de 2026. Se espera que la implantación empiece por la creación de la base de datos y por el proceso de inscripción de las empresas, acompañada de campañas informativas para que todos entiendan qué se exige y qué obligaciones comporta el nuevo registro.