La Comunidad de Madrid ha iniciado una serie de acciones de supervisión y control en el uso de maquinaria agrícola con el objetivo de reducir la probabilidad de incendios forestales durante el período de mayor riesgo, que abarca desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre.

Esta iniciativa, que comenzó la semana pasada, busca fortalecer las medidas preventivas contempladas en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOMA), en un esfuerzo conjunto entre las autoridades y los agricultores.

Supuestamente, estas medidas responden a una problemática histórica en la región, donde los incendios provocados por actividades agrícolas han causado daños considerables en el patrimonio natural y en las zonas rurales.

La supervisión está a cargo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad, que verifica que los agricultores cumplan con las normativas establecidas, las cuales incluyen requisitos específicos para el uso de maquinaria en terrenos cercanos a áreas forestales.

Entre las principales obligaciones, los agricultores deben notificar, mediante una llamada gratuita al 900 720 300, antes de realizar actividades de cosecha en terrenos situados a menos de 400 metros de zonas forestales.

Además, las cosechadoras deben estar equipadas con medios de extinción, como batefuegos, extintores de polvo de al menos seis kilogramos, o mochilas con agua, para poder actuar de inmediato ante un posible conato de incendio.

Supuestamente, también se ha establecido que un observador, equipado con un teléfono móvil, vigile la operación desde una distancia segura y pueda alertar rápidamente a los servicios de emergencia, en caso de detectar alguna situación de riesgo.

Antes de comenzar las labores, se recomienda realizar un recorrido perimetral de al menos ocho metros alrededor de la parcela, comenzando en la dirección opuesta al viento, y posteriormente, ejecutar fajas perpendiculares a la dirección del mismo para reducir la probabilidad de propagación del fuego.

Durante los días en los que la velocidad del viento supere los 20 kilómetros por hora y la sequedad del terreno sea extrema, con superficies de al menos 20 hectáreas afectadas, los agricultores deben utilizar maquinaria adicional, como tractores o aperos de gradas, para arar una franja de diez metros en las zonas cercanas a los árboles o arbustos, con el fin de crear una barrera que limite el avance del fuego.

Las actividades deberán suspenderse inmediatamente si las condiciones meteorológicas representan un peligro.

Supuestamente, en relación con la protección del medio ambiente, los agentes forestales trabajan en colaboración con los agricultores para controlar la reproducción de especies protegidas como los aguiluchos cenizo y pálido, las avutardas o los sisones.

Estas aves, que anidan en el suelo en los campos de cereal de secano, como trigo o cebada, suelen hacerlo antes de que los polluelos puedan volar, lo que hace imprescindible la vigilancia para evitar que las labores agrícolas los pongan en peligro.

Para proteger estas especies, los agentes forestales realizan observaciones durante varias horas para localizar los nidos y, en caso necesario, informan a los agricultores de la conveniencia de instalar vallados o retrasar ciertos trabajos de cosecha.

Presuntamente, estas acciones buscan reducir el impacto sobre la biodiversidad y evitar que las actividades humanas provoquen daños irreversibles en las poblaciones de aves en peligro.

Supuestamente, estas medidas se enmarcan en un contexto histórico donde la gestión de riesgos en zonas rurales ha sido una prioridad para las autoridades madrileñas, que buscan equilibrar la actividad agrícola con la conservación del entorno natural.

La región, famosa por su patrimonio natural y su biodiversidad, ha implementado en los últimos años diversas estrategias para afrontar los desafíos del cambio climático y la incidencia de incendios, reforzando la colaboración entre instituciones y agricultores en favor de un verano más seguro y sostenible.