La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una medida dirigida a los agricultores de la región para reforzar la producción hortícola local y, a la vez, conservar un patrimonio vegetal que forma parte de nuestra historia rural.

Este año se pone a la venta un total de 55.000 plantones de variedades hortícolas autóctonas, procedentes del Banco de Germoplasma del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Estas plantas nacen de semillas que los investigadores han recogido y cultivado durante meses para que la huerta madrileña tenga opciones distintas y adaptadas a nuestro clima.

La venta es directa, para facilitar que los agricultores compren sin intermediarios y a precios razonables. Entre las variedades disponibles hay melón piel de sapo, melón azul y melón mochuelo; pimiento Infante de Aranjuez, San Clemente y de Aranjuez; tomate Gordo de Patones; y, por primera vez, cebolla blanca y cebolla morada de Chinchón.

Las ventas se fijan al por mayor: mínimo 80 plantas para melones, 200 para tomates y pimientos, y 500 para cebollas.

La reserva puede hacerse telemáticamente hasta el 31 de marzo a través de la página institucional. Quienes resulten agraciados podrán recoger los plantones en la finca experimental de La Isla, en Arganda del Rey, a partir de finales de abril y durante mayo.

Este año, además, se ha contado con 7.000 unidades más que en 2025, cuando se repartieron 48.000, lo que demuestra que la demanda de este tipo de iniciativas está en aumento.

Esta iniciativa empezó en 2014 con un objetivo claro: devolver a la huerta madrileña cultivos hortícolas que habían dejado de comercializarse o desaparecido.

Desde entonces, el Banco de Germoplasma del IMIDRA ha ido acumulando más de 300 semillas recogidas en distintos municipios de la región.

De ese conjunto, aproximadamente el 80% son semillas que comenzaron a desaparecer en la década de los años 60, y que gracias al trabajo del instituto se conservan en condiciones adecuadas para su uso actual.

Este esfuerzo de conservación no solo protege la biodiversidad agrícola, sino que también aporta resiliencia ante posibles cambios climáticos y de demanda, algo clave para una economía rural que vive de la variedad y la calidad de sus productos.

Con esta medida, la Comunidad de Madrid quiere reforzar la soberanía alimentaria regional, apoyar a los agricultores y preservar un legado de sabor y saber hacer que ha pasado de generación en generación.

Además, la venta directa reduce costes y fomenta la economía local, con beneficios para el desarrollo de las zonas rurales y para quienes buscan productos de proximidad y calidad.