La Comunidad de Madrid ha manifestado su preocupación respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, medida que está siendo impulsada por el Gobierno de España.

Según estimaciones ofrecidas por la administración regional, esta reforma generará un coste adicional de aproximadamente 2.635 millones de euros al año para los comerciantes y hosteleros en la región, desglosado en 1.775 millones de euros para el sector comercial y 860 millones de euros para la hostelería.

Los sectores del comercio y la hostelería son dos de los pilares fundamentales de la economía madrileña, representando cerca del 17,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y empleando a casi 800.000 personas.

Este importante impacto en la economía, de concretarse la medida, podría tener consecuencias devastadoras, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para la economía nacional en su conjunto.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha presentado un informe al Consejo de Gobierno en el que se expresa un rotundo desacuerdo con esta legislación, tildando a la reforma de ser una imposición sin el consenso de los agentes sociales.

Según el gobierno madrileño, esta acción vulnera procesos de negociación colectiva y claramente limita la libertad empresarial, principios esenciales en una economía de mercado.

Un aspecto alarmante del anteproyecto de ley es la falta de un desarrollo reglamentario, lo cual podría generar una notable inseguridad jurídica para las empresas que se verán obligadas a ajustar sus tiempos de trabajo.

Las posibles sanciones por incumplimiento se han señalado como extremas, lo que aumentaría la probabilidad de disputas laborales en todo el país, un factor que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los autónomos podrían tener dificultad de gestionar adecuadamente.

Aquellos que llevan a cabo negocios en el comercio y la hostelería son los que más sufrirán las repercusiones de esta reducción de jornada.

Varios estudios han indicado que muchos de estos establecimientos se verán forzados a contratar personal adicional para compensar la disminución de horas de trabajo.

Esto podría desembocar en un aumento de los gastos operativos y una potencial reducción de ingresos, ya que algunos negocios podrían verse obligados a cerrar durante períodos más largos debido a la falta de personal.

Cabe destacar que la legislación propuesta coloca a España en una posición singular respecto a las normativas laborales en el contexto europeo, donde las condiciones laborales tienden a ser más flexibles.

De llevarse a cabo esta reforma, se podría convertir a España en uno de los países con una legislación laboral más estricta, encareciendo aún más el contexto financiero y burocrático para las pequeñas empresas que suelen tener menos recursos para adaptarse a tales demandas.

En resumen, la propuesta de reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, aunque busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener efectos adversos significativos para el tejido económico de la Comunidad de Madrid y, potencialmente, para el resto del país.

La administración regional ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que considere las alegaciones y los estudios que resaltan el impacto económico negativo para asegurar que las decisiones tomadas no comprometan la viabilidad de miles de negocios en la región.