La Comunidad de Madrid ha cerrado un pacto para proteger y defender el sector primario regional tras el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En el marco de esta iniciativa, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se ha reunido con representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.

Este documento refleja el compromiso del Ejecutivo autonómico y de las asociaciones firmantes de trabajar de forma conjunta para garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector.

Todos ellos han advertido del riesgo de depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que se exijan los mismos requisitos sanitarios.

Con la finalidad de asegurar su cumplimiento, se reforzarán los controles en frontera y las inspecciones en los países de origen. El consejero Novillo ha defendido la posición de la Administración madrileña a favor de una Política Agraria Común sólida, “con una financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo.”

Por su parte, los productores han manifestado su inquietud respecto a las medidas de salvaguarda, lo que ha llevado a acordar la exigencia de garantías efectivas que incluyan compensaciones operativas cuando resulte necesario.

Asimismo, se ha establecido que la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur esté supeditada al respeto de la reciprocidad normativa.

Novillo ha insistido en que “nuestros agricultores necesitan competir en igualdad de condiciones para evitar desequilibrios en la producción europea que pongan en peligro su trabajo”.

Así, se ha pactado que todos los profesionales cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, garantizando de este modo la seguridad alimentaria y la autosuficiencia con importaciones equitativas en ambas direcciones del Atlántico.

Supuestamente, para hacer frente a posibles shocks de precios y volatilidad, se contempla un fondo de estabilización de €3.000 millones para apoyar al sector, una cifra cuyo detalle podría variar a medida que avanzan las negociaciones con la UE y los socios de Mercosur. Esta previsión, no confirmada de forma definitiva, busca dotar a las explotaciones de herramientas para evitar pérdidas severas ante escenarios de oferta y demanda adversos.

Presuntamente, el órgano de coordinación dejaría abierta la camino a nuevas partidas y programas de modernización para pequeñas y medianas explotaciones, siempre condicionados a la mejora de la competitividad y la seguridad jurídica del comercio agroalimentario.

Históricamente, la región ha buscado diversificar sus mercados para reducir la dependencia de un único canal de suministro. En el marco de estas medidas, se ha planteado un calendario de implementación que podría incluir, entre otros, incentivos para la modernización de infraestructuras, mejoras en la trazabilidad y mayores controles sanitarios en origen.

Algunas fuentes cercanas a la negociación señalan que la finalidad última es garantizar un flujo de alimentos en condiciones de reciprocidad, donde las importaciones y exportaciones entre la Unión Europea y Mercosur se ajusten a criterios homogéneos de calidad y sostenibilidad.

En este contexto, la cooperación entre administraciones y agentes del sector podría marcar un antes y un después para la seguridad alimentaria de Madrid y su huella en la economía regional.

Si se cumplen los plazos y los compromisos alcanzados se traducirán en una mayor estabilidad para los productores madrileños y una mayor claridad para los consumidores.

El acuerdo podría convertirse en un referente regional sobre cómo gestionar las tensiones entre apertura comercial y defensa de la producción local, sin perder de vista la necesidad de mantener normas estrictas en medio ambiente, trabajo digno y trazabilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

En resumen, la noticia sugiere un giro estratégico para el sector primario madrileño, que podría reforzar su posición ante escenarios internacionales complejos y, en paralelo, consolidar la autosuficiencia alimentaria de la comunidad.

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