El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que un ataque, presuntamente ordenado por Estados Unidos, ocurrido el pasado sábado habría dejado un saldo de alrededor de 100 personas fallecidas y una cantidad similar de heridos.

En su programa en la televisión estatal, Cabello dedicó minutos a la pareja presidencial y a otros individuos que, según sus palabras, serían considerados mártires de la operación que, presuntamente, tomó lugar en el país suramericano.

Según el relato ofrecido por el funcionario, en esa supuesta acción murieron civiles y personas que dormían en sus hogares, así como personal policial y otros ciudadanos comunes; afirmó que las bombas de gran potencia habrían dejado un rastro de daños en Caracas y en varios estados cercanos.

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que, presuntamente, perdieron la vida durante los ataques atribuidos a la misma operación.

La lectura oficial señala que estas muertes se deben a las acciones de esa intervención, aunque aún no hay verificación independiente que confirme los datos.

Por su parte, el gobierno de Cuba, presuntamente, informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela habrían muerto en las acciones descritas. La afirmación cubana ha sido citada por agencias estatales, pero no ha recibido confirmación de observadores independientes, lo que alimenta la controversia sobre el alcance de la operación.

El fiscal general anunció que tres funcionarios del Ministerio Público habían sido designados para investigar las que supuestamente serían decenas de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que según las autoridades aún está por verificarse.

La investigación busca esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, según fuentes oficiales.

En el ámbito regional, las versiones sobre el suceso han generado reacciones contrastantes: partidarios del gobierno venezolano sostienen que se trató de una acción militar de gran magnitud con fines de defensa y dignidad nacional, mientras que voces críticas demandan pruebas independientes y un debido proceso para las víctimas.

Este episodio, enmarcado en décadas de tensiones entre Caracas y Washington, se sitúa en un contexto de sanciones, narrativas de confrontación y esfuerzos diplomáticos que no han logrado consolidar una vía de resolución.

También se mencionan antecedentes de operaciones encubiertas y respuestas internacionales que han marcado la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Al cierre de este informe, persiste la incertidumbre sobre la magnitud real de los hechos y la veracidad de las cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas.

Lo que se discute en distintos foros es la necesidad de verificación independiente, acceso a información verificable y el respeto a los derechos humanos de todas las personas afectadas.