El izquierdista José María Balcázar se convirtió este miércoles, a los 83 años, en el octavo presidente de Perú en la última década, luego de ser seleccionado por el Parlamento para reemplazar al también legislador José Jerí, quien fue destituido el martes.

Balcázar, además de su trayectoria como magistrado y figura de la izquierda, representa un cambio de tono en una nación que ha visto varios cambios de gobierno en un corto periodo.

Derrotó en segunda vuelta a la derechista María del Carmen Alva, que partía como favorita y que enfrentó una campaña centrada en la continuidad de políticas previsibles frente a un perfil más polémico y heterogéneo.

La candidatura de Balcázar fue presentada por el partido marxista Peru Libre, que llegó al poder en 2021 con Pedro Castillo y que, tras un fallido intento de golpe de Estado en 2022, enfrenta una condena y un proceso de cara al futuro.

Castillo fue destituido por el Congreso y, según la versión oficial, enfrenta una condena de 15 años de cárcel. En este marco, Balcázar asume una jefatura de Estado que para muchos analistas puede significar la consolidación de un eje de izquierda en un periodo marcado por tensiones institucionales.

Investigaciones sobre presunta corrupción rodean su trayectoria, según señalamientos de distintos medios y actores de la sociedad civil. La figura de Balcázar, cuya vida pública se ha desarrollado entre tribunales y asambleas, ha estado marcada por denuncias y controversias que, hasta ahora, han legitimado o cuestionado su capacidad para liderar un país en crisis institucional.

En este sentido, de acuerdo con reportes periodísticos y declaraciones de parte de la oposición, presuntamente existirían piezas del rompecabezas vinculadas a actos de presunta influencia indebida y cohecho, que algunos analistas califican como relevantes para entender su historial público.

Entre los antecedentes más citados, se señala que Balcázar habría estado relacionado, presuntamente, con casos de presunta corrupción durante su paso por distintas funciones.

En el pasado, el Colegio de Abogados de Lambayeque lo expulsó de manera definitiva por una supuesta apropiación de fondos cuando ejercía como decano, un hecho que, según la defensa, podría haber sido malinterpretado o seguido de controversias administrativas que nunca se cerraron plenamente.

Este episodio es objeto de constantes referencias cuando se discute su legitimidad para ocupar la jefatura de Estado.

Como juez de la Corte Suprema, Balcázar habría estado involucrado en decisiones que otros señalaban como irregulares, con acusaciones de anulación de sentencias que ya estaban firmes.

En el ámbito parlamentario, también se mencionan acciones que generaron polémica pública: en junio de 2023, Balcázar provocó un fuerte rechazo al declarar que ciertas relaciones que involucraban a menores podrían tener efectos psicológicos positivos para la mujer, una intervención que fue objeto de críticas de diversas instituciones y que él, en su momento, quiso justificar como una postura personal.

Aun así, sostenía que no se disculparía por sus palabras.

En abril de 2024, Balcázar presentó un dictamen modificado de una propuesta de la pastora evangélica María Jáuregui, presidenta de un sector conservador, que llevó a que se retire la obligación del uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado; este movimiento fue interpretado por varios sectores como un intento de reconfigurar ciertos principios culturales en el aparato público.

A pesar de las investigaciones y críticas, Balcázar fue designado por el Parlamento para ocupar la jefatura de Estado y se ha convertido en el octavo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

Su llegada al poder introduce una dinámica inusual en una democracia que ha estado marcada por crisis institucionales y debates sobre el rumbo económico y social del país.

Supuestamente, su gestión buscará equilibrar respuestas a una población harta de la inestabilidad, mientras que analistas advierten que enfrentará un Congreso heterogénero y una coalición de oposición activa.