Las autoridades estadounidenses tienen previsto llevar a cabo este martes la primera ejecución en Tennessee de un preso que cuenta con un desfibrilador implantado en el corazón, en medio de la polémica y las denuncias de organizaciones civiles y abogados que advierten sobre el riesgo de un sufrimiento adicional para el condenado.

El caso de Byron Black, de 69 años, ha generado un intenso debate. Black fue condenado por el asesinato en 1988 de su novia, Angela Clay, y de las hijas de ella, de 9 y 6 años, en un crimen que conmocionó a la comunidad local.

La ejecución había sido programada en varias ocasiones, pero en esta oportunidad se enfrenta a una situación que podría marcar un precedente en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos.

Supuestamente, Black tiene un desfibrilador implantado en el pecho, un dispositivo que ayuda a regular su ritmo cardíaco, pero que también puede recibir descargas eléctricas en caso de arritmia.

La defensa argumenta que la presencia del aparato podría causar choques repetidos durante el proceso de ejecución, incrementando su sufrimiento en un acto que, según críticos, sería inhumano.

La Corte Suprema de Estados Unidos, junto con el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron las solicitudes de clemencia presentadas por los abogados defensores.

La organización Death Penalty Information Center sostiene que esta sería la primera vez en la historia moderna de Tennessee que se intenta ejecutar a una persona con una discapacidad, en este caso, con un dispositivo que podría causar daños adicionales.

Su abogada, Kelley Henry, afirmó en una declaración que "el deterioro físico y mental de Black continúa acelerándose. No representa una amenaza para nadie en este momento. La decisión de negar su petición de clemencia basada en su discapacidad no solo viola principios constitucionales, sino que también es profundamente inhumana".

La ejecución de Black se produce en un contexto donde en 2025 ya se han llevado a cabo 28 ejecuciones en Estados Unidos, superando las 26 registradas en todo el año anterior y marcando la cifra más alta en los últimos cinco años, según datos del Death Penalty Information Center.

El incremento en los procedimientos de este año se atribuye en gran medida a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones en el país. En este estado, se planean dos ejecuciones más en agosto: la de Kayle Bates, acusada de apuñalar mortalmente a una joven de 24 años, y la de Curtis Windom, por el asesinato de tres personas en el condado de Orange.

Supuestamente, estas cifras reflejan una tendencia creciente en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos, en un contexto donde los debates sobre la ética y los derechos humanos en torno a la pena de muerte siguen siendo intensos.

La comunidad internacional observa con preocupación cómo este país continúa enfrentando polémicas relacionadas con la justicia y los derechos de los reclusos con discapacidades.

Este caso en Tennessee no solo reabre el debate sobre las ejecuciones en personas con condiciones médicas complejas, sino que también pone en evidencia las tensiones entre las leyes estatales, los derechos humanos y las interpretaciones constitucionales en un país donde la pena de muerte sigue siendo legal en varios estados.