Este martes, las autoridades del estado de Tennessee llevaron a cabo por primera vez en la historia de Estados Unidos una ejecución mediante inyección letal a un recluso con un desfibrilador implantado en el corazón.

La víctima fue Byron Black, un hombre de 69 años condenado por el asesinato de su pareja y dos hijos en 1988. La ejecución tuvo lugar en la prisión de máxima seguridad Riverbend, ubicada en Nashville, a las 15:00 horas GMT (17:00 horas en Europa).

Supuestamente, durante la administración de la dosis, Black expresó dolor diciendo: "Duele mucho". La comunidad legal y diversas organizaciones civiles levantaron su voz en contra de esta ejecución, argumentando que el uso de un desfibrilador en un proceso de pena capital podría haber agravado el sufrimiento del condenado, además de ser considerado inhumano.

La defensa había solicitado que se retirara el dispositivo para evitar choques eléctricos involuntarios que pudieran intensificar su sufrimiento, ya que supuestamente padecía demencia, fallas cardíacas y se encontraba en silla de ruedas.

La petición de clemencia, presentada ante la Corte Suprema y rechazada por el gobernador Bill Lee, buscaba suspender la ejecución alegando que Black era una persona con discapacidad.

La organización Death Penalty Information Center informó que Black era uno de los casos más polémicos del año, pues su discapacidad y su estado de salud deteriorado hacían cuestionar la legalidad y moralidad del proceso.

El caso de Byron Black no solo generó debates en Estados Unidos, sino que también recordó a la comunidad internacional los dilemas éticos que rodean a la pena de muerte, especialmente en casos donde los condenados presentan discapacidades o condiciones médicas que podrían aumentar su sufrimiento.

Desde 2021, el número de ejecuciones en Estados Unidos ha ido en aumento, alcanzando 28 en 2025, la cifra más alta en los últimos cinco años, según datos del mismo centro de información.

Florida es el estado que más ejecuciones ha llevado a cabo en lo que va de año, con nueve casos, y tiene programadas dos más en agosto: la de Kayle Bates, por un asesinato a cuchilladas, y Curtis Windom, por el asesinato de tres personas.

La tendencia refleja una tendencia creciente en el uso de la pena capital en varias regiones del país.

Supuestamente, algunos expertos consideran que la utilización de tecnologías y métodos en las ejecuciones, como en el caso de Black, podrían estar en el centro de un debate sobre la modernización y ética de la pena de muerte.

A pesar de ello, Estados Unidos continúa siendo uno de los pocos países occidentales que mantiene esta práctica, en medio de críticas internacionales y demandas de abolición.

Este caso en Tennessee ha reavivado las discusiones sobre si la justicia puede ser realmente justa en un proceso que involucra condiciones médicas especiales y si las leyes actuales protegen adecuadamente los derechos humanos de los condenados en estas circunstancias.

La comunidad internacional observa con atención cómo evoluciona esta controvertida práctica en un país que, desde su fundación, ha tenido una relación compleja con la pena de muerte y sus implicaciones éticas y legales.