El pasado viernes, el jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS), Billy Long, fue removido de su cargo en medio de una fuerte polémica que ha sacudido a las instituciones estadounidenses.

La decisión se tomó después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración de Donald Trump, solicitara información confidencial y privada de contribuyentes, en un intento presuntamente de identificar a inmigrantes indocumentados que residen en el país.

Supuestamente, la petición del DHS tenía como objetivo confirmar las direcciones de aproximadamente 40,000 personas sospechosas de estar en situación irregular en Estados Unidos.

Para ello, solicitó al IRS ampliar el acceso a datos personales, incluyendo declaraciones de impuestos y números de identificación fiscal, conocidos como ITIN, utilizados frecuentemente por inmigrantes sin papeles para trabajar y cumplir con sus obligaciones fiscales.

La solicitud fue hecha el jueves, y generó una gran controversia entre expertos en privacidad y derechos civiles.

Supuestamente, la colaboración inicial del IRS permitió identificar alrededor del 3 % de los nombres en la lista, principalmente aquellos asociados con el ITIN.

Sin embargo, lo que generó mayor rechazo fue la petición de datos relacionados con exenciones fiscales reclamadas por algunas de estas personas, lo cual, según abogados y defensores de los derechos civiles, podría vulnerar derechos fundamentales y violar acuerdos previos sobre confidencialidad.

Este desencuentro entre el IRS y el DHS se produjo en un contexto en el que la administración Trump buscaba endurecer las políticas migratorias y aumentar las deportaciones.

La Casa Blanca, en un comunicado, afirmó que "la Administración está trabajando para eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aprovechen de los beneficios destinados a los contribuyentes que trabajan duro".

Sin embargo, expertos en derechos civiles y privacidad han criticado duramente esta estrategia, argumentando que la invasión a la privacidad de los contribuyentes podría tener efectos disuasorios y vulnerar sus derechos.

Billy Long, cuya salida aún no ha sido confirmada oficialmente como consecuencia directa de este episodio, ha declarado que el IRS no compartirá información fuera del marco de un acuerdo firmado con el DHS en abril pasado.

La tensión se incrementó cuando empleados del IRS expresaron internamente su preocupación por la exposición de datos sensibles, que podrían ser utilizados en procesos de deportación sin garantías legales claras.

Supuestamente, esta medida forma parte de un plan más amplio para incrementar la colaboración entre agencias en la lucha contra la inmigración indocumentada.

La estrategia busca, presuntamente, facilitar la captura y deportación de aproximadamente siete millones de los once millones de inmigrantes sin papeles que, según estimaciones, viven y trabajan en EE.UU. y contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos.

Históricamente, la relación entre el IRS y las políticas migratorias ha sido laxa, ya que la agencia se ha centrado en la recaudación y administración fiscal, manteniéndose al margen de asuntos migratorios.

Sin embargo, en los últimos años, bajo diferentes administraciones, las líneas se han difuminado, generando debates sobre los límites de la colaboración entre seguridad y fiscalidad.

Por ahora, la controversia continúa, y expertos advierten sobre los riesgos de que la invasión a la privacidad pueda tener efectos negativos en los derechos de los contribuyentes, además de afectar la confianza en las instituciones fiscales y de seguridad.

La situación evidencia las tensiones existentes entre la protección de datos personales y las políticas migratorias agresivas, que parecen estar en aumento en la política estadounidense.