El gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración de Donald Trump, ha dado un paso sin precedentes contra una de las universidades más prestigiosas del país.

En una carta oficial enviada este jueves a la Universidad de Harvard, firmada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se notificó que a partir de ese momento, la institución ya no tendría permitido matricular a estudiantes extranjeros.

Además, los estudiantes internacionales que actualmente cursan en Harvard deberán buscar nuevas opciones o perder su estatus legal en el país.

Esta decisión representa una escalada significativa en la confrontación entre la administración Trump y Harvard, que ha sido una de las instituciones académicas más críticas con las políticas del gobierno en los últimos meses.

Desde cuestiones ideológicas hasta acusaciones de promover ambientes inseguros y apoyar movimientos considerados radicales, Harvard ha sido un símbolo de resistencia en el ámbito universitario estadounidense.

Según datos proporcionados por la propia universidad, en el curso académico en curso hay inscritos aproximadamente 6,800 estudiantes internacionales, lo que representa más del 27% del total de la matrícula, que asciende a unos 59,300 estudiantes.

La matrícula en Harvard para el año escolar que comenzará a finales de 2025 cuesta cerca de 55.000 euros, y si se incluyen gastos de alojamiento y comida, el costo total puede llegar a unos 70.000 euros. Este impacto económico no es menor para la universidad, que ha visto reducidas significativamente sus fondos federales en las últimas semanas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que esta medida se justifica por motivos de seguridad y políticas internas, acusando a Harvard de fomentar el antisemitismo y de tener vínculos con el Partido Comunista Chino en su campus.

La secretaria Noem afirmó que la universidad ha creado un ambiente inseguro al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas agredan a estudiantes, incluyendo a muchos judíos, y que ha favorecido políticas de discriminación positiva para minorías, que la administración considera racistas.

Además, la carta denuncia que Harvard se ha involucrado en actividades que, desde la perspectiva del gobierno, socavan los intereses nacionales, y que la matrícula de estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho, que las instituciones educativas no deben aprovechar para incrementar sus fondos mediante mayores pagos de matrícula.

La secretaria Noem expresó que Harvard tuvo muchas oportunidades de actuar correctamente, pero eligió no hacerlo.

La decisión también se enmarca en un contexto histórico de tensión entre la universidad y la administración Trump, que ha sido particularmente dura con instituciones que se oponen a sus políticas.

Harvard ha sido una de las principales voces en resistencia, especialmente en temas relacionados con control de inmigración, igualdad y derechos civiles.

Como resultado, en mayo, el gobierno federal redujo en más de 2.650 millones de euros sus fondos destinados a Harvard, en represalia por su postura.

Este conflicto refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde las instituciones académicas enfrentan presiones para alinearse con las políticas del gobierno.

La prohibición de matricular extranjeros no solo afecta la diversidad y el intercambio cultural en Harvard, sino que también pone en duda el liderazgo del país en la educación internacional.

La comunidad académica y estudiantil ha expresado su preocupación por el impacto que estas medidas puedan tener en la libertad académica y en la reputación internacional de Estados Unidos.

En definitiva, esta medida del gobierno de Trump no solo tiene implicaciones económicas y académicas, sino que también enciende un debate sobre los valores y la dirección del sistema educativo en Estados Unidos, en un momento en que las tensiones políticas parecen estar alcanzando un punto de inflexión en el ámbito universitario.