La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tomado una decisión histórica al firmar un decreto que proporcionará alivio financiero a 400,000 trabajadores del Estado, de los cuales 240,000 son educadores.

Esta medida busca congelar las deudas, aplicar quitas y reducir los intereses de aquellos que enfrentan créditos impagables a través del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que muchas de las deudas del FOVISSSTE son prácticamente imposibles de saldar, haciendo eco de situaciones similares al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Estas deudas, en ocasiones, han sido pagadas por los trabajadores en más de una ocasión sin poder obtener las escrituras de sus viviendas.

El decreto busca ofrecer una solución a esta problemática, permitiendo deducciones y quitas que aliviarán la carga financiera de los trabajadores del Estado.

La presidenta enfatizó que esta acción está destinada a todos los trabajadores que tienen deudas con el FOVISSSTE, y es un paso hacia una mayor justicia y dignidad para quienes han dedicado su vida al servicio público.

Además, Sheinbaum destacó que este beneficio es particularmente significativo para los educadores, quienes enfrentarán un diálogo con las autoridades para asegurarse de que comprendan los detalles del acuerdo y sus implicaciones.

La importancia de que los maestros y maestras cuenten con una pensión justa, que represente su último salario, es un aspecto central de este decreto.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, subrayó que los beneficios serán retroactivos al 1 de enero de 2025, garantizando que las medidas se implementen de forma centralizada y automática, lo que simplificará el proceso para los beneficiarios.

Este decreto se fundamenta en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Se establece así una serie de disposiciones que incluyen la reducción o congelamiento de intereses, la cancelación de adeudos vencidos y la posibilidad de prórrogas y facilidades de pago, que buscan hacer más accesible el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

En el contexto de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores una pensión digna, este decreto se convierte en un complemento esencial.

El fondo, que fue instaurado durante la administración anterior, garantiza que los trabajadores que cotizan al IMSS o al ISSSTE reciban una pensión que refleje su salario total, hasta un límite de 17,364 euros mensuales.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se alimenta de diversas fuentes, incluyendo remanentes de otros programas gubernamentales y la liquidación de activos inactivos.

Con un capital inicial de 44,833 millones de pesos (aproximadamente 2,200 millones de euros), se prevé que este fondo cubra las necesidades de pensiones de los trabajadores durante las próximas décadas.

Este esfuerzo es parte de un enfoque más amplio del gobierno para garantizar un sistema de pensiones más justo y equitativo, especialmente para aquellos que han trabajado en el sector público y que, a menudo, enfrentan dificultades económicas al momento de su jubilación.

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