El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó recientemente una orden ejecutiva que suspende la financiación federal destinada a la radio pública NPR y a la cadena televisiva PBS, acusándolas de mantener un sesgo ideológico favorable a la izquierda.

La decisión ha generado controversia en el país, donde estos medios han sido pilares en la difusión de información independiente y educativa durante décadas.

Desde su creación, NPR (National Public Radio) y PBS (Public Broadcasting Service) han dependido en parte de fondos federales para sostener su operación.

La orden firmada por Trump instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), creada en 1967, a reducir al mínimo legal el presupuesto destinado a estas emisoras y a negar cualquier financiamiento futuro.

La CPB, que administra aproximadamente 480 millones de euros (unos 535 millones de dólares en el contexto estadounidense) para este año fiscal, es responsable de distribuir fondos a los medios públicos, incluyendo NPR y PBS.

Aunque estos fondos representan solo alrededor del 1% del presupuesto total de NPR, para sus más de 1.300 estaciones afiliadas, representan entre el 8% y el 10%. En el caso de PBS, aproximadamente el 15% de sus ingresos provienen de la financiación federal a través de la CPB. La programación de PBS se centra en contenidos educativos, documentales y culturales, mientras que NPR destaca por sus programas de noticias, entrevistas y música en formatos populares como ‘Tiny Desk Concerts’.

Históricamente, la relación entre los medios públicos y el gobierno en EE.UU. ha sido compleja, marcada por debates sobre la independencia y la influencia política. La creación de la PBS en 1969 y NPR en 1970 buscaba garantizar una oferta de contenidos cultural y educativa sin fines comerciales. Sin embargo, en los últimos años, la tensión entre los medios públicos y los gobiernos federales ha aumentado, especialmente en el contexto de los cambios políticos y las polémicas sobre la imparcialidad.

El anuncio de Trump llegó a principios de abril, cuando instó públicamente a los republicanos en el Congreso a cortar los fondos a NPR y PBS, calificándolas como “monstruos de la izquierda radical”.

La medida ha sido vista por muchos como un intento de influir en la línea editorial de estos medios, que han sido críticos con el gobierno y han defendido su independencia.

Por su parte, NPR ha defendido su autonomía editorial. Un portavoz de la emisora aseguró que “las prácticas editoriales y las decisiones de NPR son independientes y libres de influencias externas”. La cadena también ha señalado que sus contenidos son el resultado de un riguroso proceso periodístico, que respeta los principios de objetividad y pluralidad.

No es la primera vez que Trump enfrenta a los medios públicos. En marzo, ordenó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), que gestiona Voz de América y otras emisoras internacionales, lo que llevó a una suspensión de operaciones y al despido de más de 1.300 empleados, quienes actualmente mantienen litigios en los tribunales.

La reducción de fondos a NPR y PBS genera incertidumbre sobre el futuro de estos medios y plantea preguntas sobre la libertad de prensa en Estados Unidos en un momento de polarización política creciente.

Críticos advierten que estas medidas pueden afectar la calidad y la pluralidad de la información disponible para la ciudadanía, en un país donde la confianza en los medios tradicionales ha disminuido en los últimos años.

La batalla por el control y la financiación de los medios públicos en EE.UU. refleja las tensiones ideológicas que atraviesan la política estadounidense en la actualidad, y su impacto podría extenderse a largo plazo en la diversidad informativa y en el acceso a contenidos culturales y educativos.