La estrategia de Estados Unidos para asfixiar las finanzas cubanas no es nueva, pero supuestamente, tras la detención de Nicolás Maduro, la retórica y la batería de medidas se han endurecido de forma notable.

La nueva dinámica parece centrarse en cortar las principales fuentes de divisas que sostienen la economía cubana, con un énfasis claro en tres frentes: turismo, remesas y exportación de servicios profesionales, sobre todo médicos, que durante años han generado ingresos relevantes para La Habana.

Desde la supuesta llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado, y convertido en el abanderado de una línea dura contra La Habana, se han sucedido sanciones que buscan estrangular esas vías de ingresos.

Estas maniobras no dependen solo de cambios en el discurso, sino que han ido acompañadas de medidas operativas que bloquean canales financieros y complican la llegada de profesionales cubanos a terceros países, así como la contratación de servicios médicos cubanos por parte de gobiernos y empresas extranjeras.

En el plano económico, las remesas enviadas a Cuba se sitúan, según estimaciones de firmas consultoras, entre 1.550 y 1.880 millones de euros anuales. No hay cifras oficiales del Banco Central de Cuba, pero múltiples análisis independientes apuntan a que esos flujos constituyen una parte crucial de las entradas de divisas del país y, por tanto, un objetivo claro de las restricciones.

Además, según investigaciones de la ONG Prisoners Defenders, el sistema de misiones médicas —que envía personal sanitario a decenas de países y percibe un porcentaje de los ingresos— ha sido objeto de críticas y ajustes por parte de Washington, con alegatos sobre el supuesto uso de ese modelo para capturar valor económico para la isla.

Por otra parte, la exportación de servicios profesionales —principalmente médicos— ha movido entre 5.150 y 6.975 millones de euros anuales, de acuerdo con el informe de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos y con estimaciones posteriores de observadores independientes.

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, aunque no siempre ofrece datos detallados, ha señalado que entre 2018 y 2020 estas exportaciones representaron más del 40% del total de las ventas cubanas al exterior.

En este marco, Rubio ha defendido políticas que restringen visas y permisos para personal vinculado a estas misiones, intentando reducir la llegada de brigadas cubanas a otros países y debilitar los acuerdos con diplomáticos cubanos que las negocien.

En lo que respecta al turismo, Estados Unidos ha mantenido medidas que afectan directamente al flujo de visitantes, como la suspensión de ciertas visas y restricciones adicionales para viajes desde países de la región, con el efecto colateral de un menor dinamismo en un sector que fue uno de los principales motores de divisas para La Habana.

En 2018, Cuba recibió alrededor de 4,7 millones de turistas; para 2025 esas cifras se estimaban en alrededor de 1,8 millones, según proyecciones oficiales y consultas sectoriales.

En paralelo, la isla ha visto aumentar la cautela de los operadores turísticos y de los propios huéspedes ante la incertidumbre regulatoria y la percepción de mayor riesgo político.

El capítulo energético añade una capa adicional a estas dinámicas. En el relato de políticas, presuntamente, Estados Unidos ha insistido en restringir el acceso de Cuba al petróleo venezolano, argumentando que no debe haber crudo ni flujo de dinero facilitado por Caracas a La Habana.

Aunque estos señalamientos han trascendido en declaraciones públicas y en reportes periodísticos, no hay cifras oficiales que ilustren con exactitud el alcance de esas restricciones a nivel bilateral.

Históricamente, la relación entre Cuba y Venezuela se convirtió en un eje estratégico para La Habana a partir de la década de 2000, con acuerdos que vinculaban suministro de petróleo a servicios profesionales y cooperación en áreas sanitarias y educativas.

A lo largo de los años, estas alianzas han sido objeto de variaciones políticas y económicas, y supuestamente, mientras algunas administraciones buscaron mejorar flujos y compensaciones mutuas, otras impulsaron cambios que afectaron directamente a las rutas de ingresos de la isla.

En el plano internacional, la narrativa de estas medidas ha generado reacciones mixtas: socios regionales y analistas advierten que cualquier escalada podría afectar no solo a Cuba, sino también a la región, donde la economía de países vecinos depende de redes comerciales y de cooperación sanitaria.

Con Maduro en el centro de las miradas regionales, la discusión sobre el papel de Estados Unidos en la continuidad de estas presiones seguirá siendo tema de debate durante los próximos meses.

En resumen, la combinación de sanciones financieras, restricciones migratorias y la presión sobre el acceso a hidrocarburos ha configurado un paisaje en el que Cuba debe buscar respuestas que mitiguen su exposición a shocks externos, al tiempo que intenta sostener servicios vitales para su población.

Si estas políticas se mantendrán o se relajarán, dependerá de decisiones políticas que aún están en juego y de la dinámica de alianzas en la región, que siguen evolucionando ante un escenario geopolítico en constante cambio.