Una juez en Colombia ha dictado una sentencia de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exfuncionario del DAS, por su implicación en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999, en un caso que ha sido declarado de lesa humanidad.
Una autoridad judicial en Colombia emitió una condena significativa contra José Miguel Narváez, quien fuera subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su papel en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
La jueza Claudia Marcela Castro, del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, dictaminó que Narváez debe cumplir una condena de 28 años de prisión, además de ser inhabilitado durante veinte años para ejercer cargos públicos.
Este fallo ha sido considerado un avance importante en la lucha contra la impunidad en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en Colombia.
La decisión judicial también declaró el delito como un acto de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescribirán y que la búsqueda de justicia continúa en la medida en que se busca esclarecer toda la cadena de responsabilidades.
Supuestamente, durante su mandato como subdirector del departamento de inteligencia en 2005 y 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, Narváez habría visitado a Carlos Castaño Gil, uno de los líderes paramilitares más notorios del país.
La Fiscalía supuestamente encontró evidencia de que Narváez propuso retener y asesinar a Córdoba, quien en ese entonces era una figura política influyente y cercana a Hugo Chávez, presuntamente considerando que ella colaboraba con el ELN, la guerrilla colombiana.
Se dice que, además, Narváez entregó información clasificada del DAS para sustentar esta propuesta, en un intento de coordinar acciones con grupos paramilitares.
La investigación estableció que, posteriormente, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a Córdoba mientras ella asistía a una cita médica en Medellín.
La mantuvieron en cautiverio hasta su liberación, supuestamente facilitada por la mediación de diversos sectores políticos y humanitarios.
El caso de Córdoba ha sido emblemático en la historia reciente de Colombia, pues su secuestro y posterior liberación evidencian la brutalidad del conflicto armado interno del país.
La senadora, muy cercana al expresidente venezolano Hugo Chávez, falleció en enero de 2024 por causas naturales, pero su secuestro y las implicaciones políticas y militares que rodearon su caso permanecen como un recordatorio de los abusos cometidos durante aquella época.
En el proceso judicial, también se solicitó investigar a exfuncionarios de alto nivel, como el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe y un militar identificado solo como 'General Ospina'.
Supuestamente, en 1997, estos personajes participaron en una reunión en la que se discutió la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en un contexto en el que el entonces gobernador de Antioquia, Uribe, estaba en el poder.
La defensa del expresidente Uribe calificó de