La justicia argentina ha decidido este lunes no admitir la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei por un comentario considerado ofensivo dirigido a un niño de 12 años con autismo, publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

La resolución del juez federal Alberto Osvaldo Recondo sostiene que la libertad de expresión ampara a los funcionarios públicos cuando actúan en su condición de ciudadanos, incluso en temas de interés público.

Supuestamente, el caso empezó cuando la madre de Ian Moche, un niño autista, solicitó que Milei eliminara la publicación en la cual lo acusaba de ser un “kuka”, un término despectivo para referirse al peronismo de izquierda.

La madre también pidió una disculpa pública por parte del presidente. La denuncia argumentaba que la conducta de Milei excedía su derecho a expresarse y constituía un acto estatal, vulnerando derechos fundamentales del menor.

El juez Recondo explicó que la publicación del mandatario no constituía un acto oficial, sino que era una expresión personal protegida por la Constitución argentina y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

En su fallo, el magistrado afirmó que "el uso que hace el funcionario de las redes sociales puede ser institucional o personal, dependiendo del contenido, contexto y la intención del mensaje".

Este argumento ya había sido utilizado previamente por el gobierno para justificar la promoción del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA por parte de Milei en sus redes sociales.

Esa publicación generó una fuerte reacción en los mercados financieros, provocando un aumento en el precio de la divisa digital, que posteriormente colapsó cuando los inversores mayoritarios vendieron sus activos con ganancias millonarias, dejando a muchos en pérdidas.

La situación llevó a que Milei fuera investigado judicialmente tanto en Argentina como internacionalmente.

Supuestamente, en su resolución, el juez también citó un decreto de la Oficina Anticorrupción que señala que "la conducta atribuible al Estado nacional solo se configura cuando un órgano o ente en ejercicio de la función administrativa emite una declaración; no cuando un funcionario actúa en su cuenta personal".

Esto refuerza la postura de que las expresiones en redes sociales, en ocasiones, no deben considerarse responsabilidad del Estado.

El abogado de la familia del niño, Andrés Gil Domínguez, calificó la decisión como "un claro ejemplo de justicia militante" y afirmó que, si fuera necesario, acudirán hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos del menor.

Supuestamente, durante el proceso, se difundieron también datos personales del niño y se intensificó una campaña de hostigamiento por parte de cuentas vinculadas al oficialismo, que buscaban deslegitimar a la familia y defender las acciones del mandatario.

Este caso refleja la tensión que existe en Argentina respecto a la libertad de expresión y los límites en las redes sociales, especialmente cuando se involucra a figuras públicas y temas sensibles como los derechos de las personas con autismo.

Aunque la justicia haya fallado en favor de Milei, el debate sobre la responsabilidad en la utilización de las redes sociales continúa vigente en el país sudamericano, que tiene una historia marcada por profundas diferencias políticas y sociales.

Supuestamente, algunos analistas consideran que estos episodios evidencian la necesidad de establecer límites claros sobre la responsabilidad de los funcionarios en plataformas digitales, para proteger tanto la libertad de expresión como los derechos de los individuos afectados por comentarios y publicaciones en línea.