El Consejo de Ministros extraordinario da luz verde a exigencias de sostenibilidad y soberanía digital para los centros de datos, la planificación eléctrica hasta 2030, la adaptación del comercio de emisiones y un decreto para reforzar la ciencia y la tecnología.
El Consejo de Ministros se ha reunido de forma extraordinaria y ha dado luz verde a cuatro iniciativas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El objetivo, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, es seguir avanzando en la modernización, la electrificación y la descarbonización de la economía española.
Aagesen ha subrayado que estas medidas son transformadoras y que beneficiarán a la competitividad de las empresas y al bienestar de las familias.
La primera medida pone reglas a los centros de datos. Aagesen ha destacado que es una norma pionera porque mira lo que ha pasado en otros países: consumo enorme de energía y agua, presión sobre los precios, coste para los servicios públicos, reparto de beneficios en el territorio y soberanía digital.
España es uno de los países más atractivos para invertir en este sector por el precio competitivo de la electricidad. Ahora mismo hay 15 gigavatios de permisos de acceso concedidos para centros de datos, casi el 40% del consumo de la hora de máxima demanda en España.
Además, se han pedido otros 20 gigavatios para futuros centros.
La norma se divide en dos bloques: sostenibilidad y soberanía digital. En sostenibilidad, se exigen los máximos estándares de eficiencia energética e hídrica y que el 80% de la energía que consuman sea renovable adicional, es decir, energía nueva en el sistema.
Aagesen ha remarcado que el consumo de los centros de datos no puede tensar la red ni subir el precio a los consumidores. Por eso, ese 80% renovable debe cumplir especificaciones técnicas según la tecnología y consumirse en la misma hora en que se genera. El decreto incluye un periodo transitorio opcional: los centros que se acojan podrán ser desconectados cuando haya riesgo de tensión en la red. "Lo más importante es el interés general", ha dicho Aagesen, que ha asegurado que sin este real decreto los consumidores pagarían 5.000 millones de euros más en sus facturas. En soberanía digital, se limitará el acceso a los datos por parte de terceros países y se obligará a los centros a tener un mecanismo de supervisión para asegurar que cumplen.
La segunda medida es la Planificación de la red de transporte de electricidad Horizonte 2030. Aagesen ha destacado que ha participado la sociedad civil y las comunidades autónomas. Contempla 17.142 millones de euros de inversión hasta 2030, un 146% más que la anterior planificación, para incorporar 47 gigavatios de nuevas demandas de electricidad.
Incluye nuevas líneas eléctricas, ampliación de capacidad de las existentes, subestaciones e interconexiones internacionales. La variable clave es la demanda: industrias que quieren electrificarse, pymes, tejido productivo y viviendas. "Es una gran transformación del país que ya está en marcha", ha dicho Aagesen. También ha defendido que esta planificación vertebra el territorio y que la electricidad, cada vez más renovable, será una oportunidad para todos los territorios.
El texto ha pasado por el Congreso.
La tercera iniciativa adapta el marco jurídico nacional a las últimas reformas europeas en el comercio de derechos de emisión de CO2. El real decreto ley amplía y moderniza el sistema, incorpora tecnologías como el hidrógeno renovable, integra plenamente el transporte marítimo, adapta la aviación e introduce un nuevo sistema para edificios y transporte.
El sistema europeo de comercio de emisiones funciona desde 2005 y es el principal instrumento de la UE para reducir gases de efecto invernadero. Aagesen ha dicho que da seguridad jurídica a muchos operadores y permite movilizar recursos para financiar la descarbonización y ayudar a los más vulnerables.
Una vez convalidadas las reformas en la Diputación Permanente del Congreso, España podrá recibir más de 6.800 millones de euros de la UE a través del Fondo Social para el Clima. Ese dinero servirá para rehabilitar barrios, promover vivienda social e impulsar el transporte público accesible y asequible. "Estamos dando un paso necesario para cumplir nuestro compromiso con una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables en una transición justa", ha manifestado.
Además, se facilita la integración de renovables, se agilizan los trámites de acceso y conexión y se mejora la información en las facturas de gas: con un código QR personalizado, el consumidor podrá acceder al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y consultar información sobre las facturas y el impacto del origen del gas.
La cuarta iniciativa es un real decreto ley de Ciencia, Innovación y Universidades, presentado por la ministra Diana Morant. Busca reforzar la soberanía científica y tecnológica de España, reducir la dependencia exterior y mejorar la capacidad para desarrollar tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial o los semiconductores avanzados.
Morant ha defendido que, en un contexto de competencia entre grandes potencias, la soberanía tecnológica es esencial para una España fuerte y democrática.
El objetivo es que el conocimiento de los centros de investigación se traduzca en tecnologías propias, más empresas innovadoras, más empleo de calidad y soluciones que mejoren la vida de la gente.
La norma crea un nuevo grupo de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica. Se aplicará un régimen especial a centros públicos de investigación de excelencia que trabajan en diez áreas tecnológicas identificadas por la Comisión Europea: inteligencia artificial, semiconductores avanzados, biotecnología, tecnologías cuánticas, energía y espacio, entre otras.
Tendrán más autonomía y flexibilidad para contratar investigadores de prestigio internacional o comprar equipos sin trámites que retrasen proyectos.
Podrán usar el derecho privado para transferir resultados y crear empresas o participar en ellas. El régimen durará cinco años, prorrogables otros cinco, y se evaluará a los tres años.
Para todo el sistema público de investigación, se permitirá contratar investigadores capaces de obtener financiación externa, facilitar la doble afiliación y la movilidad entre instituciones, y que los investigadores y sus grupos puedan firmar contratos con empresas para aplicar sus descubrimientos.
También se simplifican los acuerdos entre centros públicos y entidades privadas. Para atraer inversión privada, se eleva del 12% al 15% la deducción en el Impuesto de Sociedades por inversiones en innovación tecnológica. Las empresas que contraten a un investigador se beneficiarán de medidas. Se amplía de 3 a 5 años la bonificación del 40% de las cotizaciones a la Seguridad Social por contratación indefinida de personal investigador. Y se sube de 115 a 200 euros al mes la bonificación para contratar investigadores predoctorales que hagan la tesis en la empresa. Además, el Barcelona Supercomputing Center se convertirá en fundación pública para tener más autonomía de gestión.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha destacado la necesidad de que todos los menores crezcan en igualdad, accedan a servicios públicos y vivan libres de violencia, sin importar dónde hayan nacido o la situación económica de su familia.
La declaración pone el foco en la lucha contra la pobreza infantil y en reforzar educación, sanidad, vivienda, protección social y cuidados. También defiende la participación de niños y adolescentes en las decisiones que les afectan y la prevención de la violencia y la discriminación. Saiz ha subrayado la protección de la infancia migrante: "Todos los niños, con independencia de su origen o situación administrativa, deben tener las mismas garantías".
Y ha pedido regular el entorno digital para que la privacidad y la seguridad de los menores estén por encima de los intereses comerciales de las plataformas, con obligaciones para las empresas y garantías para que la inteligencia artificial respete los derechos de la infancia.
En asuntos de actualidad, la portavoz ha trasladado las condolencias del Gobierno a la familia de la mujer asesinada en Parla (Madrid), confirmada como violencia de género.
Saiz ha recordado que 46 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año y ha pedido unidad y compromiso: "No podemos acostumbrarnos a esta realidad, ni normalizarla, justificarla o minimizarla".