En la ciudad de La Coruña, ubicada en la región de Galicia, se ha generado inquietud entre los residentes afectados por el proceso de adquisición de viviendas sociales promovidas a través de cooperativas.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz, mantuvo una reunión esta semana con un grupo de cooperativistas en las instalaciones del Ayuntamiento para abordar las preocupaciones derivadas de las recientes modificaciones en las condiciones de financiamiento.

Estas viviendas forman parte de una iniciativa de la Xunta de Galicia, que cedió cuatro parcelas ubicadas en la zona de Xuxán, destinadas a la construcción de viviendas sociales.

Estas parcelas no están siendo promovidas directamente por la Xunta, sino que han sido asignadas a cooperativas, siendo Galivivienda la encargada de gestionar los proyectos.

Los planes incluyen la construcción de un total de 224 viviendas distribuidas en cuatro bloques: dos de 60 unidades (Z-35 y Z-40), uno de 90 (Z-27) y otro de 14 (Z-07).

Todas estas promociones cuentan con la licencia necesaria para iniciar obras.

Los cooperativistas afectados explicaron que inicialmente firmaron un contrato en el que se comprometían a pagar 500 euros mensuales para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, en los últimos días, la cooperativa modificó las condiciones del acuerdo y reclama ahora un pago adicional de 475 euros mensuales durante un período de diez años.

Esta situación ha provocado una gran preocupación entre los futuros residentes, ya que el coste mensual total, que ahora supera los 950 euros, resulta elevado para muchas familias con recursos limitados.

Para poner en perspectiva, estos montos equivaldrían a aproximadamente 1.070 euros mensuales, según la tasa de cambio actual, que sitúan estos costos en un nivel difícil de afrontar para quienes necesitan vivienda social.

La problemática no es nueva, y en el ámbito europeo, la búsqueda de soluciones asequibles para viviendas destinadas a las clases sociales más vulnerables ha sido un desafío constante.

Desde la década de 1950, cuando las políticas de vivienda en Europa comenzaron a centrarse en ofrecer soluciones a las familias de bajos ingresos, numerosos programas han intentado equilibrar la demanda con la oferta.

El concejal Francisco Díaz, manifestó que no es aceptable que la opción de vivienda social promovida por la Xunta implique pagos que muchos no pueden afrontar.

Dijo: “No corresponde que la solución para viviendas sociales pase por exigir cantidades que imposibiliten su acceso a las personas que más las necesitan”.

Díaz se ofreció a actuar como mediador ante la Xunta para explorar posibles soluciones y garantizar que las viviendas sociales realmente sean accesibles para todos, con tarifas razonables.

Este caso en La Coruña refleja una problemática que va más allá de una ciudad específica, puesto que en toda España existe una preocupación por la accesibilidad a la vivienda, especialmente en zonas urbanas con alta demanda.

La historia de la vivienda social en España se remonta a principios del siglo XX, con esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en barrios obreros y zonas rurales.

Sin embargo, en los últimos años, el aumento de los precios y la escasez de suelo asequible han complicando aún más la situación.

Asimismo, estudios recientes muestran que en muchas regiones del país, los costes asociados a la adquisición o alquiler de una vivienda social se han disparado, dificultando que las familias con menores recursos puedan acceder a una vivienda digna.

Como respuesta, diferentes comunidades autónomas han implementado programas que combinan ayudas económicas y peatones en la planificación urbanística para evitar aumentos descontrolados.

En definitiva, en La Coruña, las autoridades locales buscan encontrar un equilibrio que garantice que las viviendas sociales sean realmente una oportunidad para quienes más las necesitan, evitando que las condiciones económicas impidan su acceso.

La mediación del Ayuntamiento con la Xunta será clave para asegurar que los derechos de los cooperativistas sean respetados, y que estas viviendas puedan cumplir su objetivo social.