En La Coruña, la alcaldesa Inés Rey ha anunciado hoy que el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta de Galicia la declaración de la Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) en la ciudad.

Esta iniciativa, según la regidora, tiene como objetivo "reforzar el conjunto de acciones que ya tenemos implementadas para afrontar el incremento de los costos de la vivienda en el municipio, lo que dificulta el acceso a la misma para muchos coruñeses y coruñesas".

La adopción de esta medida fue aprobada recientemente en la Junta de Gobierno Local, tras la realización de estudios técnicos que confirmaron que La Coruña cumple con los dos criterios específicos establecidos por la Ley para solicitar la declaración de ZMRT.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, detalló que el primer criterio establece que el costo de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos relacionados con la vivienda, debe superar el 30% del ingreso medio de los hogares.

El segundo criterio implica que el precio de compra o alquiler haya aumentado en los últimos cinco años un 3% más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Díaz Gallego destacó que en La Coruña ambos criterios se cumplen en un 50% de los distritos y en un 70% de las secciones censales. Actualmente, la ciudad cuenta con un parque residencial de 873 viviendas públicas, de las cuales 450 son municipales y 423 pertenecen a la administración autonómica.

"Es importante resaltar que, a pesar de no ser la vivienda una competencia directa del Concello, hemos logrado contar con esta cifra, dado que la administración local no dispone de suficientes recursos para intervenir adecuadamente en este ámbito.

Si la Xunta hubiera invertido lo necesario, no estaríamos en esta situación", manifestó el concejal.

El volumen de vivienda pública en La Coruña es notoriamente inferior a la media nacional y europea. La ciudad presenta 0.35 viviendas públicas por cada 100 habitantes, mientras que la media en España es de 1.3 y en Europa de 3.2. "Estamos, por lo tanto, muy lejos de las necesidades reales de la ciudad. Para alcanzar la media europea, necesitaríamos 7,200 viviendas más, pero en los últimos 15 años, la Xunta solo ha construido 40. Aunque no tenemos competencias, estamos preocupados y, por eso, hemos puesto en marcha un programa de 20 años que tendrá efectos a medio plazo", agregó Díaz Gallego.

El paquete de medidas que ha definido el Concello incluye la construcción de más viviendas públicas, la creación de un banco de viviendas, ayudas para la rehabilitación, así como cambios normativos que permitan destinar suelos públicos a vivienda.

En un plazo de tres años, el Concello planea ofrecer 230 nuevas viviendas públicas, de las cuales 55 ya se encuentran en construcción. Al mismo tiempo, la Xunta deberá levantar 334 más, y el Estado 11 adicionales en la zona de Adelaida Muro. Esto se traduce en una previsión de 695 nuevas viviendas públicas en total. Además, existe un plan que propone incrementar la reserva de suelo para vivienda protegida del actual 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado.

El objetivo a largo plazo es sumar 13,024 nuevas viviendas públicas en un periodo de 20 años, utilizando tanto la promoción directa como nuevas fórmulas que ya están siendo implementadas por el Concello a través de concursos públicos en parcelas municipales.

"Facilitar que el suelo destinado a equipamiento y dotación sirva para viviendas protegidas ayudará a alcanzar nuestro objetivo de ofrecer viviendas a precios razonables a las personas necesitadas", concluyó Díaz Gallego.