El Ayuntamiento de Vancouver volvió a debatir el plan de derechos humanos preparado para mitigar posibles impactos del Mundial 2026, y las voces de activistas y concejales pusieron el foco en lo que les parece una brecha clave: el plan no trae métricas ni metas claras para garantizar que las personas sin hogar no terminen desalojadas durante las tres semanas que durará el evento.

Una moción impulsada por el concejal verde Pete Fry y la concejala de OneCity, Lucy Maloney, pedía precisamente ese seguimiento en tiempo real y una mayor transparencia en la ejecución de las medidas, pero fue derrotada por la mayoría del bloque ABC Vancouver.

La controversia se sitúa en un contexto más amplio: desde hace meses, organizaciones sociales advierten de posibles efectos adversos de un acuerdo de anfitrión con FIFA que incluye desde cámaras de vigilancia temporales hasta una zona de seguridad alrededor del estadio BC Place.

En ese marco, la moción proponía no solo rastrear cuántas personas sin hogar puedan verse desplazadas, sino también que las fuerzas de seguridad y las autoridades municipales documentaran cualquier interacción con residentes vulnerables y, a la vez, aumentar las plazas de refugio.

“El ayuntamiento y el público tenemos que entender cómo se están implementando estos compromisos y que estemos monitoreando todo —no de forma posterior, sino en tiempo real—”, señaló Fry en la sesión del 1 de abril.

Además, la propuesta reclamaba que se registraran los casos de desplazamiento y que se ampliaran los espacios de abrigo para que, si se les pide a estas personas que se muevan, tengan un lugar digno donde guardar sus pertenencias y continuar teniendo acceso a servicios básicos.

Entre los elementos de mayor relevancia del acuerdo de World Cup, estaban las 200 cámaras de vigilancia que ya se están instalando como parte de medidas de seguridad para el torneo.

Expertos y defensores temen que estas medidas vulneren la privacidad y recuerdan que, para ser efectivas, deben ir acompañadas de salvaguardas claras y un monitoreo continuo.

En la sesión, Fry subrayó que la provincia y la ciudad deben demostrar que las promesas de “interacciones seguras y respetuosas” con población vulnerable no quedan en el papel.

La moción fue rechazada por la mayoría, con argumentos que señalaron que el plan ya contempla trabajar con asociaciones comunitarias y que su enfoque está guiado por prácticas informadas por el trauma para minimizar interrupciones cerca de las instalaciones relacionadas con el Mundial.

Aun así, los críticos sostienen que el borrador es, en la práctica, “una lista de políticas que ya estaban en curso y que no abordan la urgencia de un marco de responsabilidad y seguimiento en tiempo real”.

A nivel internacional, algunos paralelos se han señalado con Seattle, donde la ciudad planea abrir 500 camas de refugio temporales antes del inicio del Mundial, siguiendo el modelo de “tiny house villages” que ya se ha utilizado en BC para otras ciudades.

En Vancouver, representantes municipales han destacado que no es lo mismo un sistema que opera en una ciudad canadiense que en Seattle, ya que las realidades y responsabilidades jurisdiccionales difieren; aun así, el objetivo compartido es evitar desalojos masivos y dar a las personas afectadas opciones seguras y dignas.

La conversación también abordó la pieza logística de la planificación: el nuevo marco de hosting podría requerir cambios temporales en normas como el ruido, la venta callejera y la señalización, con intervalos desde mediados de mayo hasta finales de julio.

En paralelo, algunas voces —como la de Chantelle Spicer, de la Coalición BC de Reducción de la Pobreza— cuestionaron que el borrador actual sea “una lista de políticas ya existentes” que no ofrecen un canal claro para reportar violaciones de derechos humanos y que, por ello, dependería de la línea 311, lo que podría generar cuellos de botella.

En resumen, mientras Vancouver se prepara para albergar parte de la fiebre mundialista en 2026, persiste un debate encendido sobre qué tan lejos debe llegar la ciudad para proteger a los más vulnerables.

La versión actual del plan busca pulirse con métricas, seguimiento en tiempo real y más refugios; los defensores insisten en que sin estas herramientas, los compromisos de derechos humanos corren el riesgo de quedar en promesas vacías ante la presión de un evento de magnitud internacional.

El tiempo dirá si las próximas semanas logran convertir la buena intención en acciones verificables y efectivas para las personas que más lo necesitan.