En el SIMA 2026, el salón inmobiliario de Madrid, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, presentó una estrategia para acelerar la construcción de vivienda protegida y ampliar el alquiler asequible en Euskadi.

La idea central es combinar suelo público en régimen de superficie con inversión privada, de forma que la titularidad del terreno permanezca en manos públicas y el edificio se gestione a largo plazo por empresas y entidades especializadas.

Todo ello con el objetivo de aumentar de forma estable la oferta de vivienda protegida sin que el gasto público se desmadre.

La propuesta vasca cuenta con una pieza clave: un Fondo Social de Vivienda que podría movilizar hasta 2.000 millones de euros y facilitar la promoción de unas 10.000 viviendas protegidas. La primera aportación pública sería de 20 millones para activar capital institucional. Este instrumento pretende atraer actores con vocación de permanencia, como fondos de pensiones, fundaciones, financiación europea, banca pública y financiación de impacto, todo ello bajo reglas estables y una gobernanza clara que asegure que el retorno financiero sea compatible con la finalidad pública de la vivienda.

El modelo se apoya en cuatro pilares: suelo, capital, deuda y gestión profesional. La fórmula plantea usar suelo público en régimen de superficie, mantener la titularidad pública del terreno, desarrollar promociones íntegramente orientadas al alquiler y proteger a largo plazo estas promociones, con una estructura financiera basada en capital público minoritario, inversión privada mayoritaria y deuda a largo plazo.

De este modo, el suelo no se vende y los edificios revierten a la Administración una vez concluido el periodo acordado. Itxaso subrayó que la rentabilidad no debe depender de la especulación ni de tensiones de precios, sino de costes realistas, rentas estables, alta ocupación y horizontes temporales amplios que garanticen sostenibilidad financiera e impacto social.

Otra vía de la estrategia es movilizar suelo privado hacia el alquiler asequible mediante incentivos públicos. La llamada Orden de alquiler asequible, aprobada por el Consejo de Gobierno, crea un marco para abrir un espacio intermedio entre el alquiler social y el mercado libre, dirigido a hogares trabajadores y clases medias con dificultades de acceso a la vivienda.

Promotores privados podrían suscribir convenios con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para desarrollar promociones destinadas a alquiler asequible protegido durante 50 años, con estabilidad, permanencia y control público sobre las condiciones de acceso.

Para hacer viables estas promociones, el Gobierno Vasco contempla ayudas de hasta 45.000 euros por vivienda. La política está dirigida a unidades convivenciales inscritas en Etxebide con rentas anuales ponderadas de entre 21.000 y 39.000 euros, un colectivo que supera las 7.000 unidades registradas y que, aun fuera de los tramos más bajos, encuentra cada vez más dificultades para acceder al mercado libre.

Con esta doble estrategia —movilización de suelo público mediante un Fondo Social y activación de suelo privado para alquiler asequible— el Gobierno Vasco defiende un modelo orientado a ampliar la oferta de vivienda protegida, reforzar la capacidad pública de respuesta y generar un sistema financieramente sostenible que pueda responder a la creciente presión sobre el acceso a la vivienda.

Además, la intervención enfatizó que la vivienda es una de las grandes infraestructuras sociales del siglo XXI y que es necesario combinar presupuesto público, suelo público, agilidad urbanística, inteligencia financiera, industrialización y capital privado de largo plazo para construir vivienda asequible “a la escala necesaria”.

Esta visión no busca sustituir la iniciativa pública, sino multiplicar su capacidad mediante nuevas fórmulas de financiación que permitan ampliar el parque protegido sin cargar todo el esfuerzo en las cuentas públicas.

En resumen, Euskadi plantea una vía doble para ampliar la oferta de vivienda protegida: un Fondo Social de Vivienda que movilice fondos y fomente inversión institucional, y la movilización de suelo privado para alquiler asequible.

El eje común es la colaboración público-privada, con reglas estables y gobernanza clara, para garantizar alquileres estables y respuestas sostenibles ante la demanda de vivienda en una región históricamente tensada por la presión residencial.