En la región de Euskadi, las instituciones públicas continúan fortaleciendo su compromiso con la resolución de la crisis habitacional mediante una estrategia integral que apunta a lograr avances significativos para el año 2030.

La reciente apertura de una jornada dedicada a la vivienda contó con la participación de diversos representantes políticos, nacionales e internacionales, quienes destacan la importancia de una respuesta coordinada y con visión de largo plazo.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, coincidieron en que el principal desafío para la ciudadanía sigue siendo acceder a una vivienda digna, asequible y en condiciones sociales justas.

Los participantes subrayaron que la política de vivienda debe centrarse en la protección de la población más vulnerable, incluyendo jóvenes, familias monomarentales y personas mayores.

Desde hace décadas, el mercado inmobiliario en Euskadi refleja una evolución marcada por cambios socioculturales y demográficos. La población adulta joven busca soluciones habitacionales que se ajusten a sus ingresos, mientras que el aumento de hogares unipersonales y el envejecimiento poblacional generan una demanda estructural que ha incrementado la tensión en el mercado.

Según datos históricos, en las últimas diez décadas, la proporción de viviendas vacías en la comunidad ha oscilado en torno al 4-5%, pero en zonas urbanas tensionadas, ese porcentaje se ha reducido, configurándose en un reto de gestión territorial y planificación.

El Plan Vasco de Vivienda 2030 se basa en una visión de acción que combina reformas legislativas, incremento en los recursos económicos y medidas normativas de protección.

La inversión prevista para este periodo supera los 550 millones de euros, lo que permitirá el desarrollo de más de 3,500 nuevas viviendas protegidas y otros alojamientos públicos, además de promover reformas en las existentes.

Entre las iniciativas estratégicas destaca la construcción de alojamientos intergeneracionales en edificios existentes, la recuperación de viviendas en desuso y la conversión de locales comerciales en viviendas, destinadas a responder a necesidades específicas del medio urbano.

Una de las medidas clave en esta estrategia será la regulación de precios, con la implantación de límites al alquiler en zonas tensionadas del territorio y la creación de un fondo de ayuda para los hogares en situaciones vulnerables.

Además, se implementarán mecanismos de control de vivienda vacía, incentivando la movilización de propiedades desocupadas y penalizando su inmovilización prolongada.

En paralelo, la comunidad autónoma ha solicitado a la Unión Europea la activación de fondos específicos para zonas con alta presión inmobiliaria, abogando por criterios de cohesión social y territorial.

En el contexto europeo, la Comisión ha avanzado hacia la elaboración de un Plan Comunitario de Vivienda Asequible. Este plan, que se estima estará listo a finales de 2023, incluirá medidas para ampliar la oferta de viviendas sociales y promover la inversión privada en el sector.

Baldwin, responsable de la Task Force, ha enfatizado que, además de incrementar la oferta, se prestará especial atención a la protección de colectivos vulnerables, incluyendo a las personas sin hogar, migrantes y trabajadores en situación precaria.

Por su parte, las instituciones vascas han reiterado que la cooperación entre diferentes niveles de administración y la participación activa de entidades privadas y organizaciones sociales son esenciales para alcanzar los objetivos establecidos.

La alcaldía de Barcelona señaló que la experiencia en otras áreas urbanas muestra que proyectos exitosos en movilidad y vivienda se sustentan en un modelo de colaboración que incluye incentivos públicos, reformas normativas y campañas de sensibilización.

El consejero Denis Itxaso afirmó que, además de las reformas en legislación y en el control de precios, Euskadi apuesta por innovar en modelos de gestión, incluyendo la creación de fondos de inversión social y la participación en proyectos de construcción sostenibles y eficientes energéticamente, con recursos que en 2026 sobrepasarán los 1.000 millones de euros en inversión pública.

El plan también contempla esfuerzos para cambiar la percepción cultural sobre la vivienda, promoviendo un enfoque centrado en la función social y en la protección del bien común, un cambio que busca transmutar la visión del mercado inmobiliario del actual paradigma financiero hacia una concepción de la vivienda como derecho fundamental.

En conclusión, las autoridades vascas insisten en que el éxito de esta estrategia necesita del compromiso firme y coordinado de todos los actores sociales, gubernamentales y privados.

La meta es reducir las desigualdades, garantizar el acceso a la vivienda para todos y promover un crecimiento urbano sostenible que responda a los desafíos del presente y del futuro.

La región de Euskadi sigue firme en su intención de ser un referente en políticas públicas innovadoras y sostenibles en materia de vivienda, promoviendo un modelo que priorice la cohesión social y el bienestar de su ciudadanía.