En un movimiento sin precedentes en Euskadi, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha cerrado una operación de gran relevancia en el ámbito de la vivienda protegida.

La adquisición de 148 viviendas en el municipio de Arrasate, junto con 148 garajes y 148 trasteros vinculados a estas viviendas, además de 18 garajes libres y un local comercial, ha supuesto un desembolso total de aproximadamente 5,75 millones de euros.

Esto implica un coste unitario cercano a los 38.000 euros por vivienda, cifra que resulta notablemente inferior al valor tasado de las viviendas de protección oficial (VPO) en la región, que en 2024 ronda los 150.000 euros en promedio por vivienda, con un coste por metro cuadrado de aproximadamente 2.100 euros convertido a euros actuales.

Este movimiento estratégico refleja el interés del Gobierno Vasco por ampliar rápidamente su parque de vivienda en alquiler protegido mediante la utilización de mecanismos como el derecho de tanteo y retracto, herramientas legales que permiten adquirir viviendas en el mercado privado para incorporarlas a la oferta pública.

La operación en Arrasate, que incluye también 18 garajes libres y un local comercial, fue posible gracias a la aprobación del Consejo de Gobierno y demuestra una gestión eficiente del presupuesto público, ya que el coste por vivienda adquiere un valor mucho menor que el precio de mercado, reforzando la eficiencia de la inversión.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, destacó que “se trata de una oportunidad que no podíamos dejar pasar para reforzar de forma rápida el parque público de vivienda en Euskadi”.

Además, explicó que “esta operación representa una de las acciones más contundentes que hemos llevado a cabo usando el derecho de tanteo y retracto en este mandato, y refleja la potencialidad de estas herramientas como políticas estratégicas para garantizar el acceso a la vivienda”.

Actualmente, en Arrasate, una demanda de 1.098 unidades familiares busca una vivienda en alquiler, de las cuales 636 están empadronadas en el municipio. La compra de estas viviendas permitirá dar respuesta inmediata a esta demanda, con una gestión orientada a criterios sociales y prioridad para las personas inscritas en el sistema de asignación Etxebide.

La operación también contempla una transición garantista para los actuales inquilinos, ya que las empresas propietarias, Inmo Criteria Arrendamiento y Inmo Criteria Caixa, han renovado los contratos de arrendamiento conforme a los baremos sociales en vigor, asegurando la continuidad de los alquileres en condiciones similares para los inquilinos actuales.

Por otra parte, el impacto de esta acción no se limita a Arrasate. El Gobierno Vasco ha anunciado que, además de las 148 viviendas en Arrasate, ha adquirido otras 14 viviendas en diferentes municipios como Vitoria-Gasteiz, Eibar, Irun, Andoain, Elgoibar, Zalla o Llodio, utilizando también esta misma fórmula.

Esto demuestra un compromiso firme del gobierno para ampliar de manera efectiva el parque de viviendas en alquiler social, respondiendo a la creciente demanda en toda Euskadi.

El viceconsejero Miguel de los Toyos y la alcaldesa de Arrasate, Maider Morras, han mantenido reuniones informativas con los vecinos, trasladando un mensaje de normalidad y compromiso en la gestión de estas operaciones.

En palabras del consejero Itxaso, “el éxito de esta operación refuerza nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para responder a la demanda social, y será un paso decisivo hacia una política más equitativa y eficaz en materia de vivienda”.

En un contexto donde Euskadi busca reducir la brecha en el acceso a la vivienda, esta inversión masiva y accionada con criterios sociales marca un hito en la política pública de la región.

La implantación de estas acciones estratégicas permite no solo ampliar la oferta de viviendas en alquiler, sino también ajustarse a un escenario en el que la demanda supera claramente la oferta, especialmente en municipios con alta densidad de demandantes.

Actualmente, la inversión en estas operaciones, que en conjunto supera los 6 millones de euros, revela un compromiso renovado del gobierno vasco por garantizar un acceso justo y asequible a la vivienda para sus residentes, reforzando la visión de que la vivienda es un derecho básico y un elemento clave para el desarrollo social de la región.