El consejero de Turismo, Comercio y Consumo presenta un marco regulatorio que busca equilibrar crecimiento turístico con convivencia vecinal, protección del patrimonio y sostenibilidad, limitando las viviendas de uso turístico y proponiendo mecanismos de inscripción y recaudación.

En Euskadi, las viviendas de uso turístico representan el 0,4% del parque de viviendas, una cifra modesta que ha generado debates sobre su impacto en la convivencia, en el precio del alquiler y en la oferta residencial.

En una entrevista concedida al programa de SER Euskadi, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, explicó las claves del Anteproyecto de Ley de Turismo 2026 y cómo este documento busca actualizar la normativa vigente, vigente desde hace casi una década, para responder a cambios sociales, tecnológicos y normativos que afectan al sector.

El objetivo fundamental es garantizar que el crecimiento del turismo sea compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural, y consolidar un modelo basado en la calidad, la accesibilidad, la innovación y el respeto a la ciudadanía y a las personas visitantes.

La ley pone especial énfasis en limitar las viviendas de uso turístico. No se permitirán nuevas aperturas en zonas tensionadas; se obligará a renovar la inscripción en REATE cada cinco años; se reforzarán las obligaciones de identificación y publicidad y se prohibirá su implantación en Viviendas de Protección Oficial, en suelo no urbanizable y, en determinados supuestos, en núcleos rurales.

Además, se reforzarán la inspección y las sanciones para garantizar que la actividad turística de estas viviendas sea compatible con el uso residencial de los edificios y la convivencia vecinal.

Durante la conversación, y analizando los datos del turismo en Euskadi, Hurtado subrayó que 2025 terminó con un crecimiento del 4,4% respecto a 2024, con un incremento fuera de los meses de verano del 5,6% frente a los meses de julio a septiembre, en los que el crecimiento fue del 1,9%, lo que contribuye a la desestacionalización y a la distribución del flujo turístico por todo el territorio.

En cuanto al impuesto a las estancias turísticas, el consejero indicó que se propone como un instrumento para mejorar la calidad del turismo, garantizar su sostenibilidad y asegurar que el impacto de la actividad revierta de forma positiva en la ciudadanía.

Estos avances se enmarcan en una trayectoria histórica de Euskadi de regulación y búsqueda de equilibrio entre desarrollo económico y conservación.

El debate sobre la regulación de alojamientos de uso turístico ha sido constante durante la última década, con esfuerzos por preservar barrios históricos y evitar la especulación inmobiliaria, a la vez que se impulsa una experiencia turística más responsable y de mayor valor añadido.

A lo largo de los años, se ha insistido en mejorar la información disponible para residentes y visitantes, fomentar inversiones en servicios de calidad y promover políticas de accesibilidad y seguridad que acompañen la convivencia entre vecindarios y visitantes.

En conjunto, el anteproyecto propone un marco regulatorio moderno que actualiza una norma vigente, protege el patrimonio, corrige desequilibrios entre oferta y demanda y orienta el turismo hacia una trayectoria más sostenible y equitativa para toda la ciudadanía.