En Euskadi, el Departamento de Salud y Osakidetza han comunicado su compromiso de revisar la normativa interna con el fin de que el Servicio Público Vasco de Salud asuma la gestión y el coste del servicio funerario de restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos.

La intención es ofrecer una respuesta más humana y cercana al dolor de las personas afectadas y de sus familiares, y el anuncio se produjo durante la primera reunión del consejero de Salud, Alberto Martínez, con el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor.

Actualmente, la Instrucción 4/2024 de Osakidetza establece que esos gastos deben ser cubiertos por el propio paciente o por su familia, y, en casos de falta de recursos, remite la gestión a los ayuntamientos.

Con la revisión y, si procede, la modificación de dicha instrucción, el Servicio Público Vasco de Salud podría asumir la gestión y el coste del servicio funerario para restos humanos de entidad suficiente, equiparándolos a efectos de destino final a los cadáveres, en consonancia con la normativa estatal y vasca de sanidad mortuoria.

En palabras del Departamento, este cambio iría dirigido a garantizar que nadie tenga que enfrentar esas cargas económicas en momentos de duelo y vulnerabilidad.

Entre las ideas que se evalúan está la posibilidad de que la normativa incremente la protección y acompañamiento a pacientes y familias, reforzando la atención centrada en la persona.

La revisión de la normativa se inscribe en la estrategia de humanización que promueve Osakidetza, con el objetivo de colocar al paciente en el centro, mejorar la calidad de la atención y responder a las necesidades de la ciudadanía.

El anuncio se produjo en un marco institucional destacado: la primera reunión entre el consejero y el Ararteko, Mikel Mancisidor, celebrada de forma solicitada por la institución.

Durante el encuentro, el consejero entregó al Ararteko un ejemplar del Pacto Vasco de Salud, un documento que recoge compromisos para fortalecer el sistema sanitario público, promover la equidad y avanzar en la mejora continua de la atención sanitaria.

Con este gesto, el consejero subrayó la relevancia del Pacto como marco de consenso y herramienta de trabajo entre instituciones, y reiteró su voluntad de colaborar estrechamente con el Ararteko y de mantener una actitud de escucha ante las necesidades ciudadanas.

Asimismo, se abordaron otros temas relacionados con la atención sanitaria y los derechos de los pacientes, en un clima de cooperación institucional.

El consejero Alberto Martínez estuvo acompañado en la reunión por los dos viceconsejeros del Departamento de Salud, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, y por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, lo que refleja la implicación del equipo de Salud del Gobierno Vasco con la institución del Ararteko como garante de derechos y como interlocutor para canalizar y responder a las demandas de la ciudadanía.

Este enfoque de mayores garantías para pacientes y familias se suma a una trayectoria de Euskadi en la que las políticas de humanización y de defensa de derechos de los usuarios del sistema sanitario han ido ganando peso en las últimas décadas.

El Pacto Vasco de Salud, presentado como marco de cooperación entre las instituciones, ha servido para impulsar mejoras en la equidad, la calidad y la continuidad de la atención.

Aunque el debate sobre la financiación de servicios funerarios ha estado presente en la agenda de los responsables sanitarios, la propuesta de trasladar estos gastos al erario público representa un paso práctico hacia una atención que atienda no solo a la enfermedad, sino también al duelo y a la carga emocional de las familias.

El caso de Andade, la asociación que representa a personas amputadas, ha permitido incorporar una visión específica de necesidades, y el proceso de escucha que acompaña a su delegación ha influido para abrir la senda de posibles mejoras.

En definitiva, la iniciativa busca consolidar un marco de protección social que acompañe a pacientes en prácticas vulnerables y que fortalezca la confianza de la ciudadanía en el sistema público.

Aunque la revisión normativa requiere trámites y posibles cambios legales, la orientación es clara: avanzar hacia una gestión pública del servicio funerario de restos humanos y reforzar la humanización en la atención sanitaria, manteniendo el diálogo con las instituciones y con las asociaciones representativas.