En Euskadi, la agenda del Parlamento se ha visto marcada por un conjunto de iniciativas que buscan reforzar la economía regional, la educación y la proyección internacional de la comunidad.

La Orden del Día recoge cinco apartados, cada uno con su contexto y sus responsables, y todos ellos con el objetivo de dar respuestas a desafíos de sobra conocidos por la ciudadanía.

Este repaso intenta explicarlos de forma clara y con el detalle necesario para entender su alcance y posibles impactos a medio plazo.

El primer punto aborda una moción consecuencia de interpelación sobre los pasos que debe dar el Gobierno para reforzar la aportación del puerto de Pasaia a la industria vasca.

La propuesta sostiene que el puerto no es solo una instalación logística, sino un eslabón clave de la cadena productiva regional que debe integrarse mejor con la industria y las empresas de Euskadi.

El texto, elaborado por Ander Goikoetxea Arana de EH Bildu, propone medidas concretas: inversiones para modernizar muelles y equipos, mejora de la conectividad ferroviaria y de carretera, y alianzas estratégicas con sectores clave para convertir a Pasaia en un polo de valor añadido.

Se destacan también metas asociadas a empleo, investigación y desarrollo, y a la internacionalización de la economía vasca, con plazos y un sistema de indicadores para evaluar resultados anualmente.

El segundo apartado trae una moción consecuencia de interpelación sobre el informe de fuga de talento en Euskadi. Firmada por Gotxi García y Álvaro García (GP PV-ETP), la propuesta subraya que Euskadi ha sido históricamente un motor educativo y tecnológico, pero que en los últimos años enfrenta la salida de talento joven y profesional cualificado hacia otros territorios.

Se plantea un programa integral para retener y atraer talento: mecanismos de incentivos fiscales, mejoras en vivienda y coste de vida para profesionales jóvenes, planes de formación y reentrenamiento ligados a las demandas de la industria, y una cooperación más estrecha entre universidades, centros de investigación y empresas.

Se habla de una visión de país que combine empleo, educación y calidad de vida para evitar perder capital humano estratégico.

El tercer punto se centra en una cuestión de proyección deportiva y política: medidas para impulsar la celebración de un partido de la selección de España de fútbol en el País Vasco durante la temporada 2026-2027.

Responsable de la iniciativa: Amaia Martínez Grisaleña (GP Mixto-Vox). Este ítem no solo persigue un evento deportivo de alto impacto, sino también beneficios económicos y de visibilidad para Euskadi. El debate gira en torno a las sedes posibles, la planificación logística, y las condiciones para garantizar que un encuentro de este calibre se celebre con transparencia y buena gestión.

Se analizan efectos en turismo, hostelería y dinamización de la economía local, así como la necesidad de coordinar con administraciones y organizadores para asegurar que el formato y la seguridad acompañen al interés público.

El cuarto punto es una Proposición no de ley relativa a la elaboración de un informe jurídico para analizar la viabilidad de la integración del Consorcio Haurreskolak en el Consorcio Municipal Ikastola de Oiartzun.

Presentada por el Grupo EH Bildu, esta iniciativa aborda la educación en euskera desde la primera infancia y la posible unificación de estructuras para la gestión de guarderías y centros de educación infantil en el municipio.

Se expone que, desde una perspectiva de cohesión educativa y eficiencia administrativa, podría haber beneficios en coordinación pedagógica, finanzas y gobernanza, siempre que se resuelvan cuestiones de autonomía institucional, financiación y estándares educativos.

El informe jurídico serviría para identificar condiciones, riesgos y oportunidades antes de cualquier paso.

El quinto y último punto es una Proposición no de ley relativa a la vinculación entre contratación pública y responsabilidad salarial empresarial.

También impulsada por el grupo Mixto-Sumar, la propuesta aboga por incorporar criterios de responsabilidad salarial en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

En la práctica, implicaría exigir a las empresas participantes condiciones mínimas de salarios dignos y equidad interna dentro de sus cadenas de suministro, de modo que la contratación con dinero público no contribuya a prácticas laborales precarias.

El objetivo declarado es impulsar una economía más justa y estable, con efectos sobre la competitividad y la cohesión social de Euskadi.

Correas históricas y contexto adicional: estas cinco medidas se insertan en una trayectoria de la política vasca que ha buscado, desde hace décadas, un equilibrio entre industrialización, educación y bienestar social.

El puerto de Pasaia, con raíces que se remontan a la era industrial del XIX, ha sido durante mucho tiempo un nodo de comercio y desarrollo para la cornisa cantábrica, y su fortalecimiento se ha planteado como motor de la recuperación de sectores manufactureros y logísticos.

En paralelo, Euskadi ha desarrollado un modelo de educación intensamente priorizado hacia el euskera y la formación técnica, con redes como Haurreskolak e Ikastolak que han sido eje de identidad y cohesión social.

Las propuestas sobre talento y responsabilidad salarial reflejan una preocupación creciente por la calidad de empleo y la sostenibilidad de las políticas públicas cuando se contratan servicios o bienes del sector privado.

Por último, la intención de acoger un partido de la selección en Euskadi en 2026-2027 sitúa a la región en un escenario de proyección internacional, donde la combinación de deporte, economía y turismo puede servir para reforzar el tejido social y la imagen de Euskadi en el mapa deportivo y cultural europeo.