En el contexto de la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria histórica, las labores en el cementerio de Orduña, en Euskadi, han permitido recuperar los restos de un total de 93 víctimas fallecidas en el campo de concentración y prisión de la localidad, que estuvo en funcionamiento entre 1937 y 1941.

Estos trabajos forman parte del Programa de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil, impulsado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, en colaboración con instituciones científicas y memorialistas.

La identificación de estas víctimas se ha logrado principalmente a través de técnicas de ADN y análisis antropológico forense, que permiten cotejar muestras recuperadas con las de familiares en busca de reconocimiento.

Hasta la fecha, seis de los restos han sido identificados genéticamente y se han entregado a sus familiares en diversos puntos de Extremadura y Andalucía, en un acto privado y respetando el deseo explícito de las familias asistentes.

Entre las personas reconocidas se encuentran Antonio Bootello Negrete, natural de Pizarra, Málaga, condenado por colaborar con la rebelión militar y fallecido en 1941 a los 45 años.

Además, Aquilino Flores Bautista de Valencia de las Torres, Badajoz, y José Gómez Narváez, de Castuera, también han sido identificados. Sus restos serán entregados en ceremony privada en las localidades de origen, siguiendo la voluntad de sus familiares, en un acto que simboliza el reconocimiento legal y emocional de su historia.

Este avance en la identificación ha sido posible gracias a la colaboración de distintos actores institucionales, incluyendo el Ayuntamiento de Euskadi, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, y organizaciones memorialistas, además del trabajo especializado del equipo de exhumación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el laboratorio genético de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), responsable de cotejar las muestras de ADN.

Se estima que, de las 225 personas que fallecieron en el campo de concentración y prisión de Orduña, la mayoría eran originarios de regiones del sur de España, principalmente de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña.

La mitad proviene de Extremadura, con 125 de Badajoz y 2 de Cáceres, lo que destaca la importancia de colaborar con las instituciones y familias de estas zonas para ampliar la base de datos genética y facilitar futuras identificaciones.

Las condiciones de vida en Orduña en esos años fueron extremadamente duras: hacinamiento, enfermedades, hambrunas y trabajos forzados; muchas de estas muertes quedaron en la clandestinidad.

La política penitenciaria del régimen franquista utilizaba estas instalaciones para encarcelar y castigar a los enemigos del Estado, y muchas de estas víctimas eran considerados prisioneros políticos, cuyo sufrimiento comienza con su detención y continúa hasta sus trágicas muertes.

El proceso de exhumación y reconocimiento forma parte del compromiso de la justicia transicional, permitiendo que las víctimas recuperen así su dignidad y que la sociedad española pueda afrontar su pasado con honestidad.

La identificación de los restos no solo ayuda a reconocer a los presos que fallecieron allí, sino que también contribuye a la reparación moral y a la apertura de un camino hacia la reconciliación.

Este trabajo también aporta datos valiosos para la historia, pues las investigaciones indican que, además de los presos extremeños, hubo un importante grupo de castellanomanchegos, madrileños y otros procedentes de diferentes regiones que, víctimas de la represión, encontraron en Orduña un lugar de muerte y olvido.

La recuperación de sus restos y su identificación será un paso fundamental para cerrar heridas abiertas durante décadas.

El seguimiento a estos procesos se garantiza mediante la participación activa de las familias, quienes son invitadas a contactar con Gogora y facilitar muestras de ADN para ampliar el banco genético.

La colaboración entre instituciones, familiares y expertos continúa siendo esencial para lograr nuevos avances y reconocer definitivamente a las víctimas de la represión franquista en Euskadi y toda España.

La memoria histórica es un patrimonio colectivo que fortalece la justicia y la reconciliación social, y estos esfuerzos representan un acto de justicia con quienes sufrieron en silencio durante la dictadura.