La Consejería de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi y el Ararteko analizan líneas de actuación compartidas y refuerzan mecanismos de coordinación para la defensa de los derechos de la ciudadanía, con especial atención a las cuestiones penitenciarias y a la protección de colectivos vulnerables.
En Euskadi, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se reunió con el Ararteko recientemente designado, Mikel Mancisidor, con el objetivo de reforzar los mecanismos de coordinación técnica entre ambas instituciones y de repasar las líneas de actuación compartidas para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
El encuentro, al que también acudieron el director de Justicia, José María Bastos, y el secretario general del Ararteko, José Luis Iparragirre, fue el primero desde la toma de posesión de Mancisidor.
Además de afianzar una relación fluida y constructiva, sirvió para revisar asuntos de interés común.
En materia de Instituciones Penitenciarias se abordaron cuestiones como el traslado de personas internas ante la inminente apertura del Centro Penitenciario Gipuzkoa, en Zubieta, y el incremento de plazas en el Centro Penitenciario Araba con el futuro módulo de primer grado, priorizando el arraigo de las personas internas en Euskadi.
La reunión también resaltó la cooperación en visitas e inspecciones, la atención a las recomendaciones del Ararteko y el compromiso compartido con la protección de las personas más vulnerables —menores, víctimas, personas con discapacidad o sujetas al sistema penal— desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género.
Ambas partes coincidieron en mantener un canal permanente de interlocución para avanzar en una justicia cercana, garantista y orientada a la mejora continua de los servicios públicos.
Más allá de este encuentro puntual, la cooperación entre la Consejería y el Ararteko forma parte de una trayectoria de fortalecimiento institucional en Euskadi.
El Ararteko, defensor de los derechos fundamentales de las personas en la Comunidad Autónoma Vasca, actúa como garante de libertades y como puente entre la ciudadanía y la Administración, con especial énfasis en la protección de colectivos vulnerables.
Desde los años en que se establecieron marcos de derechos en la comunidad, estas funciones se han ido consolidando mediante informes, visitas y recomendaciones que han contribuido a mejoras en el sistema penitenciario, la atención a menores y a derechos de víctimas.
En este contexto, las oficinas de Justicia y del Ararteko han ido diseñando mecanismos de cooperación que permiten una respuesta más rápida y una evaluación continua de resultados.
Esta cooperación institucional, además, se alinea con la tradición vasca de gobernanza participativa y con las políticas de equidad de género que buscan garantizar una justicia más cercana y sensible a las particularidades de cada persona.