En Euskadi, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia han presentado hoy un Protocolo General de Actuación que podría mover diez terrenos de titularidad municipal para impulsar vivienda protegida y alojamientos intergeneracionales en distintos barrios de la ciudad.

Un acuerdo que, según ha destacado el consejero Denis Itxaso, es “especialmente relevante” para el futuro de la política de vivienda en Donostia y que, por primera vez en quince años, establece una disposición clara para ceder suelo en diez ámbitos distintos y permitir que el Gobierno Vasco promueva vivienda protegida de alquiler para clases medias y trabajadoras en todas sus modalidades.

El documento, que ha salido adelante en Consejo de Gobierno, fija la futura cesión de diez parcelas municipales al Ejecutivo vasco para desarrollar un total estimado de 5.095 viviendas protegidas y alojamientos intergeneracionales en la ciudad, con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler asequible y responder a la emergencia habitacional.

Entre los terrenos citados se encuentran Txomin Enea, Playa de Vías, Cuarteles de Loiola, Auditz Akular y Antzita, entre otros.

Durante la rueda de prensa, Itxaso ha insistido en que este protocolo “no es una sustitución de los convenios concretos” que habrá que negociar después por cada ámbito, pero sí establece bases compartidas y una planificación conjunta que antes no existía.

Además, ha subrayado que este marco institucional “formaliza” un compromiso que ya se había anunciado públicamente el 2 de febrero de 2025 cuando Eneko Goia era alcalde y Nekane Arzallus, la concejala de Urbanismo, detalló qué ámbitos serían objeto de cesión para promover vivienda protegida.

El protocolo identifica dos bloques de actuación: un primer paquete de corto-medio plazo que permitiría promover 994 viviendas protegidas y apartamentos dotacionales en seis ámbitos concretos.

De estas 994 unidades, 854 serían vivienda de protección oficial (VPO) y viviendas tasadas, y 140 corresponderían a apartamentos dotacionales. Entre los proyectos más relevantes de este primer bloque destacan Txomin Enea II (315 viviendas protegidas: 182 VPO + 91 tasadas y 42 alojamientos), Antzita (387 viviendas protegidas: 294 VPO + 93 tasadas), Jolastokieta (169 unidades: 80 VPO + 89 tasadas) y Campos Eliseos (98 alojamientos dotacionales).

También se mencionan desarrollos en Apostolado (8 VPO + 8 tasadas) y Rodil (9 VPO).

Pero la foto no se queda ahí: el segundo bloque de actuaciones, de medio y largo plazo, eleva el potencial total hasta las 5.095 viviendas. En estos ámbitos futuros, se calcula que podrían levantarse 4.101 nuevas unidades protegidas, de las que 3.921 serían VPO y 180 alojamientos dotacionales. El número concreto por ámbito se mantiene orientativo y podría variar con los instrumentos de planeamiento pendientes de desarrollo. Los grandes proyectos anunciados en este tramo se sitúan en Auditz Akular (Altza), donde se estima la construcción de 2.354 viviendas protegidas (1.726 VPO + 628 tasadas) y 50 alojamientos; los Cuarteles de Loiola (1.750 viviendas: 340 VPO + 1.360 tasadas + 50 apartamentos); Playa de Vías de Easo-Amara (530 unidades: 500 VPO + 30 alojamientos); y Sarrueta (268 unidades: 218 VPO + 50 alojamientos).

Fuera de este protocolo, también se apunta la previsión de edificar entre 160 y 180 apartamentos dotacionales en Morlans (en fase de estudio detalle urbanístico) y 83 en Riberas de Loiola, cuyas obras se prevé que arranquen a finales de este año.

“Es ambicioso” y, para Donostia, un “paso fundamental” para ampliar el parque público de alquiler asequible, ha dicho Itxaso. Aunque cada actuación se deberá materializar mediante convenios específicos para cada ámbito, el consejero ha dejado claro que este marco facilita una base común y una planificación compartida que hasta ahora no existía.

El modelo de colaboración se fundamenta en la cesión gratuita de parcelas municipales al Gobierno Vasco para la construcción de vivienda protegida y alojamientos dotacionales destinados al alquiler permanente.

A partir de ahí, el Ejecutivo vasco asumirá la promoción, construcción y gestión de las viviendas. El protocolo también recoge medidas para facilitar la viabilidad económica de las promociones, entre las que destaca la bonificación del 95% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para promociones destinadas al alquiler protegido de larga duración, así como la exención de ciertas tasas municipales.

En cuanto a adjudicaciones, se especifica que las personas adjudicatarias deben cumplir los requisitos generales de acceso a vivienda protegida y acreditar una antigüedad de empadronamiento en Donostia de tres años ininterrumpidos o cinco años en los últimos diez.

Sobre Txomin Enea II, Itxaso recordó que la ordenación urbanística del ámbito ya está aprobada y reiteró la postura del Gobierno Vasco a favor de maximizar la vivienda protegida frente a la vivienda libre.

También defendió que, si el Ayuntamiento quiere promover vivienda libre, el suelo público debe servir prioritariamente para generar vivienda asequible, y subrayó que posibles ingresos por ventas de parcelas para vivienda libre deberían destinarse íntegramente a compensar costes de urbanización y facilitar así el desarrollo de vivienda protegida.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de ocho años, prorrogables hasta un máximo de doce, y prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento formada por representantes del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Donostia para supervisar el desarrollo de las actuaciones previstas.

Según Itxaso, este nuevo marco de colaboración permitirá también conectar futuras promociones con el Fondo Social de Vivienda que el Gobierno Vasco pretende activar durante 2026 para financiar parte de las operaciones residenciales en Euskadi.

“Estamos ante un acuerdo importante, ambicioso y largamente esperado, que nos permite empezar a construir una respuesta estructural a los problemas de acceso a la vivienda en Donostia”, concluyó Itxaso.