El consejero de salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha informado recientemente a través de una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, que Euskadi no asistirá a las próximas reuniones del Consejo Interterritorial de Salud.

La decisión se sustenta en dos principales motivos que reflejan las diferencias existentes entre el Gobierno Vasco y el Ministerio, sobre todo en aspectos relacionados con la gestión sanitaria y las políticas lingüísticas.

La primera causa que ha llevado a Euskadi a tomar esta postura es la gestión del Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO). La comunidad autónoma aporta una cantidad proporcionalmente mucho mayor que otras regiones de España; específicamente, contribuye con aproximadamente 157 millones de euros, una cifra achatada por la diferencia en población y necesidades particulares, representando en torno a un 5% del total nacional, el cual equivale a 312 millones de euros.

Esta situación coloca a Euskadi en una posición singular, ya que soporta casi el 60% de la carga financiera del sistema, pese a que su población representa aproximadamente el 3% del total del país.

La comunidad ha solicitado en varias ocasiones que esta distribución se replantee para reflejar con mayor equidad las aportaciones y necesidades de sus habitantes, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta satisfactoria.

El segundo motivo tiene que ver con las políticas lingüísticas y la valoración del conocimiento de la lengua vasca en las convocatorias MIR (Médico Interno Residente).

Euskadi apuesta desde hace años por fortalecer la formación en su propia lengua como elemento de arraigo y promoción cultural. La comunidad ha llevado a cabo modificaciones en la Ley de formación de especialistas, incluyendo el reconocimiento del euskera como competencia valorada en los procesos selectivos.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha mostrado un rechazo arbitrario a esta iniciativa, limitando así la posibilidad de que los profesionales sanitarios puedan acreditar conocimiento del euskera como un requisito o mérito en las convocatorias oficiales.

Estas decisiones han generado malestar en el Gobierno Vasco, que considera que ambas cuestiones están afectando la autonomía de Euskadi en la gestión de su sistema sanitario y en la protección de sus señas de identidad cultural.

El consejero Martínez destacó en sus declaraciones que esta postura del Ministerio refleja una falta de diálogo y de reconocimiento a las particularidades de Euskadi, situándola en una posición de desventaja frente a otras comunidades.

En relación a la reciente movilización de profesionales sanitarios en toda España, convocada para el 3 de octubre, el consejero expresó que estas protestas evidencian la frustración generalizada por las decisiones del Ministerio.

La manifestación busca denunciar los recortes, cambios en el Estatuto Marco del personal sanitario y otras políticas percibidas como perjudiciales para el sistema de salud público.

Históricamente, Euskadi ha sido pionera en establecer políticas de protección lingüística y en promover su sistema de salud con un enfoque diferenciado, adaptado a sus necesidades y cultura propia.

La comunidad ha invertido en infraestructura sanitaria de alta calidad y en programas de investigación, además de mantener un modelo de atención centrado en la proximidad y el bienestar social.

La decisión de no participar en estas reuniones refleja un deseo de mantener la autonomía y defender sus derechos frente a decisiones unilaterales.

En definitiva, la postura de Euskadi pone en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades autónomas y el Estado central en la gestión sanitaria y el respeto a las identidades culturales.

La comunidad continuará buscando vías de diálogo y reivindicando sus propuestas, en la esperanza de lograr un marco más justo y respetuoso para todos los profesionales y ciudadanos que representan.