La Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, se encuentra en la fase final de implementación de un ambicioso programa conocido como 3I-Ikusle, que tiene como objetivo dotar a sus agentes de un total de 1.387 cámaras portátiles, conocidas como bodycams. Este proyecto, que busca aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en la actuación policial, se basa en la experiencia obtenida durante un plan piloto que se llevó a cabo entre 2021 y principios de 2022 en varias localidades como Bilbao, Irún y Vitoria-Gasteiz.

Las bodycams, que están diseñadas para ser utilizadas por las unidades de Protección Ciudadana, Tráfico y la Brigada Móvil, permitirán grabar las intervenciones policiales, facilitando así un registro audiovisual que puede servir como prueba en caso de incidentes.

La implementación de estas cámaras responde al compromiso asumido en el Programa de Gobierno de la XIII Legislatura, garantizando a los agentes mayor seguridad jurídica y proporcionando elementos probatorios ante la autoridad judicial.

Durante el primer despliegue, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2024, la Ertzain-etxea de Sestao fue la primera en recibir estas cámaras. Posteriormente, los agentes de Vitoria-Gasteiz e Irún también empezaron a utilizar las bodycams. El objetivo es completar el lanzamiento escalonado de estos dispositivos en todas las unidades de la Ertzaintza, lo que permitirá que, para principios de marzo de 2025, todos los cuerpos de seguridad en el País Vasco cuenten con este equipamiento.

Es importante señalar que cada agente, al comenzar su turno de trabajo, recibirá una cámara personal que deberá ser verificada para asegurar su correcto funcionamiento.

Las grabaciones se activarán bajo circunstancias específicas, como en situaciones que impliquen un riesgo para la seguridad ciudadana o durante la intervención en delitos, permitiendo así que los agentes actúen de manera más segura y controlada.

Además, mediante un uso responsable de estas grabaciones, los agentes deberán informar a los ciudadanos cuando sus actuaciones vayan a ser grabadas, contribuyendo a una mayor transparencia en las interacciones entre la policía y la población.

La normativa también establece que todas las grabaciones que traten sobre infracciones penales serán puestas a disposición judicial, mientras que se establecerán protocolos claros para el manejo de otros tipos de grabaciones.

Desde el punto de vista tecnológico, las bodycams poseen una autonomía de 12 horas, equipadas con dispositivos de carga en comisarías, plataformas para la gestión de vídeos y el software necesario para garantizar un manejo seguro de las imágenes.

La inversión total del departamento de Seguridad para este proyecto asciende a aproximadamente dos millones de euros, aproximadamente 2.2 millones de dólares.

Este avance en la tecnología de vigilancia no solo busca proteger la integridad de los ciudadanos y de los propios agentes, sino que también tiene un impacto histórico en el modo en que se lleva a cabo la vigilancia y seguridad en el País Vasco.

La implementación de bodycams ha demostrado ser una práctica efectiva en otros países, y se espera que su uso en Euskadi contribuya a mejorar la percepción de la policía dentro de la comunidad e incrementar la rendición de cuentas en las actuaciones de los agentes.