En Euskadi se ha presentado hoy la Encuesta sobre Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (EPADE) 2025, un estudio impulsado por Ikuspegi con la colaboración de la Consejería de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y de instituciones académicas.

El objetivo es entender cómo ve la gente la diversidad, qué tan presentes están los estereotipos y las desigualdades, y en qué ámbitos se nota más la discriminación.

A grandes rasgos, los resultados dejan claro que la ciudadanía vasca se siente orgullosa de vivir en una sociedad diversa, pero también que la discriminación sigue siendo una realidad que preocupa y a la que hay que seguir respondiendo con políticas activas.

El estudio revela que tres de cada cuatro personas en Euskadi consideran la discriminación como un problema social importante, una señal de que la memoria social del tema sigue viva y la preocupación por la convivencia es real.

Además, más de una cuarta parte de la población afirma haber sido testigo de situaciones discriminatorias, mientras que una fracción notable pasa por la experiencia de haberla vivido en el último año.

Este conjunto de datos subraya una disyuntiva típica de nuestra era: vivimos en una sociedad que quiere abrirse a la diversidad, pero que detecta y señala desigualdades que persisten en la vida cotidiana.

Una de las cifras más destacadas es el porcentaje que prefiere vivir en una sociedad diversa: el 77,8% de las personas encuestadas lo manifiesta, incremento mínimo respecto al informe anterior.

Este dato refleja, por un lado, un apoyo mayor a la convivencia entre colectivos y, por otro, un compromiso normativo claro con la igualdad. Sin embargo, la investigación también señala que ese compromiso no es universal en todos los ámbitos: solo el 55,1% considera que un trato diferente nunca está justificado, lo que sugiere que, aunque se apuesta por la igualdad formal, existe cierta tolerancia residual a medidas específicas para avanzar hacia una sociedad más equilibrada.

A la vez, dos de cada tres personas (67,2%) opinan que conviene aplicar algún tipo de trato preferente a ciertos colectivos para acelerar ese avance, lo que sitúa el debate entre igualdad de oportunidades y acciones afirmativas en el centro de la conversación cívica.

A pesar de este optimismo relativo, la mayoría de la población —aproximadamente ocho de cada diez— mantiene que la discriminación sigue existiendo en Euskadi.

Este dato es clave: señala una conciencia social amplia sobre el fenómeno y la necesidad de seguir monitorizando, denunciando y combatiendo las desigualdades.

En cuanto a los ámbitos donde se perciben con más frecuencia estas situaciones, la vivienda y el empleo destacan como los espacios de mayor riesgo, lo que coincide con experiencias históricas de exclusión que se repiten cuando se buscan casas para alquilar o cuando se presentan candidaturas a un puesto de trabajo.

En cuanto a las causas de discriminación, el estudio identifica con claridad que el origen extranjero, la racialización y la pertenencia étnica son los factores más asociados a estos episodios.

Al mismo tiempo, llama la atención una infra-percepción de discriminación de género: un 26% de la población cree que la discriminación por ser mujer “no pasa” en Euskadi, una visión que parece rara entre la gente mayor y que empuja a revisar si las desigualdades de género están realmente superadas.

Este sesgo de percepción contrasta con otros datos que muestran que, en el empleo y en la vivienda, las desigualdades persisten.

En el ámbito de la vivienda de alquiler, un 79,6% de la población percibe diferencias de trato entre personas, lo que subraya que la discriminación se infiltra también en la vida cotidiana de la vivienda y la convivencia vecinal.

En la interacción cotidiana, los grupos más perjudicados en el reparto de aceptación social son las personas gitanas, las personas de origen extranjero y las personas con enfermedad mental, lo que sintetiza un mapa de vulnerabilidades que las políticas públicas deben tener en cuenta para evitar que la convivencia se convierta en una suma de rechazos.

En el terreno laboral, más de la mitad de la ciudadanía (55,8%) percibe desigualdades en los procesos de selección, incluso cuando las candidaturas presentan las mismas cualificaciones.

En cuanto a la experiencia de discriminación vivida, el 14,6% de la población de la CAE afirma haberla sufrido en los últimos 12 meses, con mayor incidencia entre personas migradas o de origen extranjero y entre mujeres.

Ante esta situación, una parte importante de las víctimas (76,2%) no presentó queja ni denuncia formal, frente al 17,5% que sí lo hizo, y la razón principal para no hacerlo es la sensación de que una reclamación “no sirve de nada”.

En lo que se refiere a la discriminación presenciada o de la que se ha sido testigo, un 24,2% de la población afirma haberlo visto, sobre todo por motivos de origen extranjero y de raza.

La mayoría de estos episodios se dan en espacios públicos y durante la búsqueda de empleo, lo que sitúa la necesidad de intervenciones en los espacios abiertos y en las plataformas de contratación como prioridades claras para políticas de igualdad.

Históricamente, Euskadi ha vivido un proceso de modernización y consolidación de derechos que ha ido madurando desde la transición democrática. La región ha ido desarrollando marcos legislativos y esfuerzos institucionales para promover la igualdad real entre personas y colectivos, con un énfasis especial en la diversidad y la inclusión.

EPADE 2025 se inserta en esa trayectoria, aportando un espejo actual de lo que funciona, de lo que hay que reforzar y de los huecos donde todavía quedan desafíos.

Aun así, la lectura que se impone es que la mayoría de la ciudadanía quiere una convivencia basada en el respeto y la diversidad, pero que la discriminación sigue existiendo en la economía, la vivienda y la vida cotidiana, y que las respuestas políticas y sociales deben seguir ampliando garantías y mecanismos de denuncia para que todas las personas se sientan realmente iguales ante la ley y ante las oportunidades.