Delegados de Guatemala visitan Euskadi para conocer las estrategias vascas en la identificación y memoria histórica de víctimas de conflictos armados, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la justicia de transición en Centroamérica.
Durante dos días, representantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fredy Peccerelli, su director ejecutivo, y Nancy Valdez, Directora de Operaciones, han llevado a cabo una visita a Euskadi con el respaldo de eLankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.
Esta delegación ha tenido la oportunidad de reunirse con diferentes instituciones vascas especializadas en memoria histórica, derechos humanos y ciencias forenses para aprender de las experiencias del País Vasco en la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas, un tema que guarda estrecha relación con la historia colonial y contemporánea de Guatemala.
La visita se enmarca en la cooperación internacional que Euskadi mantiene para fortalecer los procesos de justicia de transición en regiones afectadas por conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.
Guatemala, que sufrió un conflicto armado interno de más de 30 años (1960-1996), aún enfrenta retos en la identificación de víctimas y en la reparación a las familias afectadas, con un saldo de más de 200.000 personas víctimas de desaparición forzada y ejecuciones sumarias. La historia de Guatemala está marcada por episodios de violencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, perpetradas tanto por actores estatales como paramilitares, y que todavía requieren mecanismos efectivos de memoria y justicia.
En los encuentros en Euskadi, la delegación guatemalteca dialogó con el director de Gogora, Alberto Alonso, y con técnicos especializados en memoria histórica, quienes detallaron el Programa de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas del Gobierno Vasco.
Esta iniciativa liderada por Gogora, coordinada con Euskal Prospekzio Taldea, se dedica a la localización de fosas comunes y entierros clandestinos, empleando técnicas de excavación y análisis forense.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi, por su parte, se ocupa de las exhumaciones y del análisis odontológico y forense de los restos óseos, mientras que el laboratorio Biomics de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) realiza las pruebas genéticas para comparar ADN y facilitar la identificación.
Este intercambio de conocimientos también tuvo una perspectiva histórica, pues Euskadi ha desarrollado políticas públicas de memoria que abordan las heridas del pasado, en particular los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La experiencia vasca en la recuperación de la memoria histórica y en la búsqueda de desaparecidos ha sido pionera en Europa, desarrollando técnicas y protocolos que hoy son referencia internacional.
La visita se enmarca en el compromiso de eLankidetza y la cooperación catalana en fortalecer procesos de justicia transicional en Guatemala, apoyo que se ha materializado desde alianzas con instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La coordinación entre estos actores permite una visión conjunta y estrategias compartidas para afrontar la búsqueda de personas desaparecidas, además de promover la reparación y el reconocimiento a las víctimas.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, fundada en 1997, cuenta con una sólida trayectoria en la investigación forense y en la identificación de víctimas.
Hasta la fecha, han realizado cerca de 2.000 investigaciones, identificando a aproximadamente 4.000 víctimas, entre ellas muchas relacionadas con desapariciones forzadas. La experiencia internacional de la fundación ha llevado a participar en búsquedas en países como Ruanda, Bosnia, Irak y El Salvador, adaptando metodologías forenses para contextos diversos.
Este tipo de intercambios y colaboraciones refuerzan la necesidad de seguir apoyando los procesos de memoria y justicia en países latinoamericanos, donde aún hay muchas heridas por cerrar.
La cooperación entre Euskadi y Guatemala es un ejemplo de cómo los conocimientos técnicos y políticos pueden unir esfuerzos para promover derechos humanos y garantizar que los crímenes del pasado no queden impunes.
La memoria histórica y la búsqueda de verdad continúan siendo prioridades en el compromiso internacional por una justicia integral y duradera.