En Euskadi, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha celebrado la aprobación en el Parlamento Vasco de una modificación de la Ley de Empleo Público, una decisión que, a su juicio, aporta mayor estabilidad y garantías a los procesos de acceso a la función pública.

Asegura que la reforma nace para responder a la inseguridad provocada por resoluciones judiciales que habían dejado en el aire varias convocatorias. "Es una buena noticia tanto para las administraciones como para las miles de personas que están estudiando para un empleo público y que sueñan con poder desarrollar su proyecto vital al servicio de la ciudadanía", afirma Bengoetxea.

La reforma, según la consejera, tiene dos objetivos claros. Por un lado, garantizar que los servicios públicos se presten en las dos lenguas oficiales, euskera y castellano, y, por otro, asegurar que cualquier persona pueda ejercer su derecho a acceder al empleo público con todas las garantías.

También aclaró que la reforma no implica un incremento de la exigencia lingüística de forma general. Al contrario, el texto incorpora el principio de proporcionalidad en la aplicación de los perfiles lingüísticos y mantiene la posibilidad de que cualquiera se presente a un proceso selectivo, confiando en que la Administración proporcionará la formación necesaria para alcanzar, cuando sea preciso, el nivel lingüístico requerido.

"El espíritu de esta ley es mayor seguridad jurídica sin mayores exigencias", concluyó Bengoetxea.

Contexto histórico y alcance práctico: En el País Vasco, la difusión del euskera en la Administración pública ha sido un eje central de la política lingüística desde hace décadas.

A partir de la década de 1980 se impulsó la normalización del euskera y, a lo largo de los años, se han ido configurando normativas que permiten identificar, medir y, cuando corresponde, formar a las personas para garantizar que los servicios públicos se ofrezcan en los dos idiomas oficiales.

Este marco ha estado sujeto a controversias y recursos judiciales que han llevado a ajustes y a buscar un marco más claro y estable para el acceso a las plazas públicas.

En la actualidad, la reforma se sitúa en esa línea de equilibrio entre garantizar el derecho de las personas a presentarse y asegurar que las administraciones puedan prestar servicios en todo el territorio con las garantías necesarias.

Es decir, una apuesta por la seguridad jurídica, la eficiencia y la inclusión, sin que ello suponga recortes de derechos sino un marco más claro para las convocatorias y el desarrollo profesional de los posibles funcionarios.

Con estas medidas, se pretende evitar que convocatorias queden en el limbo por resoluciones judiciales y promover, además, una oferta formativa que permita a quienes lo necesiten ponerse al día en el idioma cuando se incorporen.

En suma, la reforma busca armonizar dos obligaciones fundamentales: servir a la ciudadanía en dos lenguas oficiales y garantizar que nadie se quede fuera del acceso al empleo público por dificultades lingüísticas que se puedan solventar con formación y acompañamiento.