La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP afirma en Ciudad Real que el debate fue la mejor encuesta, critica la actitud de Sánchez y exige al Gobierno fecha y seguridad para reabrir la alta velocidad tras la tragedia de Urda.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha valorado este 20 de noviembre de 2026, en plena campaña electoral del 29N, el debate celebrado el día anterior.

Para ella, el cara a cara dejó una conclusión clara: “la mejor encuesta que tenemos hoy es el debate de ayer”, donde “el triunfo de Alberto Núñez Feijóo fue apabullante”.

Fúnez explicó que el líder del PP habló “con contundencia” porque “tenía la verdad de su mano y sabía que hablaba en nombre de millones de españoles”.

A su juicio, eso supone para el PP “un impulso y ánimo para afrontar lo que queda de campaña electoral”, aunque quiso dejar claro que el partido lo afronta “con la humildad de saber que no es una cuestión de ganar un debate.

Es cuestión de ganar las elecciones y de obtener los votos suficientes para gobernar y dar a los españoles lo que nos están pidiendo: el cambio necesario”.

En su intervención, la dirigente popular también criticó la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien vio “a la defensiva y a la desesperada”, más pendiente de protegerse que de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Fúnez sostiene que ese contraste se notó en el debate y que Feijóo estuvo a la altura de lo que demandan muchos españoles: hablar claro, sin rodeos y pensando en los problemas reales de la gente.

Estas declaraciones llegaron en Ciudad Real, después de una reunión con representantes del Comité de empresa del Grupo Renfe en la provincia. Allí, Fúnez aseguró que a esos trabajadores “ni Renfe ni la Adif de Pedro Sánchez atiende ni escucha”. Conviene recordar que Renfe es la empresa pública que opera los trenes y Adif es el ente público que gestiona la infraestructura ferroviaria, es decir, las vías y buena parte de las instalaciones por las que circulan los trenes.

La dirigente del PP mostró su preocupación por la situación de emergencia que vive la provincia por el corte de la línea de alta velocidad tras la tragedia ferroviaria de Urda.

Ciudad Real y Puertollano son paradas de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, de modo que el corte no solo afecta a los viajeros de la provincia, sino también a quienes necesitan moverse entre el centro y el sur de España.

Por eso, Fúnez asegura que el PP no se va a cansar de pedir que se dé solución y respuestas a esta situación.

En concreto, exige al Gobierno que “se reanude cuanto antes, en las mejores condiciones”, el tráfico entre Ciudad Real y Puertollano con Madrid y con Andalucía.

“Solo necesitamos una fecha y esa fecha nos tiene que garantizar que sea en las mejores condiciones de seguridad”, insiste. Para la dirigente popular, no basta con promesas ni con explicaciones vagas: hace falta un calendario concreto y que la reapertura se haga con todas las garantías para los viajeros.

Fúnez también defendió que es “urgente, y ahora ya es una emergencia, que se apruebe el Plan Extraordinario de Protección del Empleo y la Movilidad”.

Ese plan, explica, debe paliar los problemas que este aislamiento está causando a 3.000 usuarios que todos los días tienen que trasladarse entre Madrid, Puertollano y Ciudad Real. La dirigente cifra el perjuicio para esos ciudadanos en, al menos, 100 euros a la semana más de gastos de desplazamiento. Y remarca que “no es responsabilidad de ellos, sino de quien no ha cuidado, no ha renovado ni ha protegido nuestra red de alta velocidad”.

La vicesecretaria del PP proclamó que quieren “ser la voz de aquellos que quieren saber cuándo se va a poder reanudar la conexión, también con Andalucía”.

En su opinión, el aislamiento de la provincia es responsabilidad “de los socialistas y sanchistas”, a los que culpa de no haber atendido a tiempo las necesidades de la red ferroviaria.

Fúnez cierra su mensaje insistiendo en que el PP seguirá peleando por una solución cuanto antes, por la seguridad de los viajeros y por que los trabajadores y usuarios no paguen las consecuencias de una gestión que consideran abandonada.