La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, asegura en Telecinco que la huelga del 12N estaba "condenada al fracaso" por ser una protesta política en precampaña y denuncia que Sánchez ha construido "un país de trabajadores pobres". Defiende un Gobierno de Feijóo centrado en vivienda, salario medio, seguridad e inmigración ordenada.
Ester Muñoz, portavoz de campaña del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha cargado contra la huelga general de este 12 de noviembre y la ha calificado sin rodeos de “fracaso”.
Lo ha hecho en una entrevista en el programa ‘La mirada crítica’, de Telecinco, donde ha explicado que el paro “estaba condenado al fracaso” desde el primer minuto porque “no estaba pensada para los trabajadores, ni para los problemas reales de los trabajadores de este país”.
Para la dirigente popular, lo que se ha vivido no es una protesta laboral al uso, sino “una huelga política en plena precampaña electoral”. Es decir, en su opinión, una convocatoria lanzada con la vista puesta en las elecciones del 29 de noviembre y no en la mesa donde se negocian los convenios y los sueldos de la gente corriente.
La acusación más dura de Muñoz fue contra el presidente del Gobierno. A su juicio, “Sánchez ha construido un país de trabajadores pobres”. La frase resume una realidad que ella describe así: hay mucha gente que se levanta temprano, cumple su jornada y cobra a fin de mes, pero ese sueldo no da para llegar a fin de mes.
Trabajar y ser pobre a la vez. Ese es el diagnóstico que hace la portavoz popular de la España de los últimos ocho años, en los que, sostiene, los salarios han ido por detrás de los precios de la cesta de la compra, la luz, la gasolina o el alquiler.
Frente a ese panorama, Muñoz defiende un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo que trabaje en tres frentes concretos: recuperar las clases medias, resolver el problema de la vivienda y subir el salario medio de los españoles.
No se trata, dijo, de grandes discursos, sino de que quien trabaja tenga una nómina que le permita vivir sin agobios.
La portavoz del PP también se refirió a los incidentes que se produjeron durante la jornada de huelga. Recordó que “en este país existe el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación, pero también existe el derecho a trabajar”, y advirtió de que “lo que no puede ser es que haya gente usando la violencia para evitar que quien quiere trabajar, pueda trabajar”.
Según denunció, durante las protestas “se quemaban negocios” y se atacaba a los comercios “únicamente por estar abiertos, incluso a gente que iba a comprar a esos negocios”.
Por todo ello, recriminó al Ejecutivo su incapacidad para garantizar el orden público y reclamó un Gobierno que ponga “orden y gestión”.
Otro de los reproches de Muñoz fue dirigido a los sindicatos. Les afeó que hayan permanecido “en silencio durante ocho años” ante los problemas de los trabajadores y que ahora, “a las puertas de las elecciones ya convocadas”, promuevan una huelga.
Puso un ejemplo concreto: la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 al primero de España, y hasta ahora los sindicatos no habían dicho “absolutamente nada”.
En materia de seguridad, la dirigente popular pidió mejorar los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y que sus miembros sean considerados profesión de riesgo.
Lo dijo tras el asesinato de otro agente en acto de servicio, un episodio que, subrayó, obliga a “apoyar a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar el orden y la seguridad en nuestras calles”.
Muñoz sostuvo que el próximo Gobierno del PP estará dedicado a resolver los problemas reales de los españoles: “la vivienda, la inmigración, los problemas de seguridad, a recuperar las clases medias que Sánchez ha destruido durante estos ocho años” y a subir el salario medio.
En cuanto a la inmigración, garantizó que si el PP llega al Gobierno “los efectos llamada se van a acabar” y habrá una inmigración “ordenada, legal y segura”.
Defendió que España tiene derecho y obligación de proteger sus fronteras y que la entrada en el país debe realizarse “a través de un contrato de trabajo”.
Conviene recordar el contexto para entender el peso de sus palabras. España ha vivido varias huelgas generales en democracia: la del 14 de diciembre de 1988 contra el Gobierno de Felipe González, que fue un éxito masivo y paralizó el país; la del 27 de enero de 1994, también contra González; la del 20 de junio de 2002 contra el decretazo del Ejecutivo de José María Aznar; la del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero; y la del 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral de Mariano Rajoy, que fue la última convocada de forma conjunta por UGT y CCOO en todo el país.
El derecho a la huelga, además, está recogido en el artículo 28.2 de la Constitución española, que obliga a la ley a establecer las garantías necesarias para asegurar su ejercicio, y ese mismo artículo reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Junto a ese derecho, la Constitución protege en el artículo 35 el derecho al trabajo, y en el 37 el derecho a la negociación colectiva. Es en ese marco donde encaja la defensa que hizo Muñoz del derecho a trabajar de quienes no secundaron el paro.