La crisis de vivienda que atraviesa Estados Unidos continúa siendo uno de los temas más destacados en la agenda política y social del país. La escasez de viviendas asequibles y el aumento sostenido de los precios de alquiler han generado un intenso debate sobre las políticas más efectivas para abordar este problema.

En medio de este escenario, la discusión sobre el control de alquileres ha resurgido con fuerza, impulsada por movimientos y candidatos que buscan implementar medidas para limitar los incrementos anuales en los precios del alquiler.

Supuestamente, en ciudades como Nueva York, donde millones de residentes viven en viviendas con alquileres estabilizados y regulados por el gobierno, la propuesta de congelar los aumentos durante varios años ha sido un punto clave en las campañas electorales.

El candidato Zohran Mamdani, por ejemplo, ha defendido la idea de detener los aumentos anuales, que en algunos casos llegaron a ser de hasta un 8-9% en un solo año, según datos del ayuntamiento.

Sin embargo, los expertos advierten que estas políticas, aunque benefician a algunos inquilinos a corto plazo, podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.

El economista Salim Furth, director del proyecto Urbanity en la Universidad George Mason, afirma que limitar los precios con controles estrictos puede reducir los costos para algunos residentes, pero en el conjunto, elevan los costos para otros y generan efectos contraproducentes.

Presuntamente, la falta de incentivos para que los propietarios mantengan o desarrollen nuevas viviendas disminuye la oferta, lo que podría hacer que los precios se mantengan altos o incluso suban más en el futuro.

Un ejemplo claro de esto lo ofrecen ciudades como Denver y Austin, donde recientes programas de aumento de la oferta han logrado reducir las rentas. En Denver, la llegada de nuevas construcciones elevó la tasa de vacantes a un 6.4% en verano, provocando una caída en los precios de alquiler, según un informe de asociaciones de propietarios. Similar situación se observa en Austin, donde, aunque los precios permanecen por encima de los niveles prepandemia, han mostrado una tendencia a la baja desde los picos de 2023.

Por otro lado, las políticas de control de alquileres también han generado efectos no deseados en ciertos mercados. Supuestamente, en San Francisco, la implementación de rentas máximas en 1994 llevó a los propietarios a convertir apartamentos en condominios de alta gama o a retirar viviendas del mercado para realizar redecoraciones y reformas que eximían a los inmuebles del control.

Como resultado, el inventario de viviendas se orientó hacia segmentos de mayores ingresos, contribuyendo a la gentrificación y a la desigualdad social.

Estas experiencias muestran que las políticas de control de alquileres, si bien pueden ofrecer alivio en el corto plazo, no son una solución definitiva.

La mayoría de los expertos coinciden en que la clave para resolver la crisis habitacional radica en aumentar la oferta de viviendas, reducir las restricciones urbanísticas y promover incentivos para la construcción de nuevos hogares.

Supuestamente, el gobierno también debe jugar un papel complementario mediante subsidios y programas de asistencia, como las subvenciones para alquileres o las ayudas para vivienda, especialmente para las familias de bajos ingresos.

Datos recientes indican que aproximadamente la mitad de los inquilinos en EE. UU. gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda y servicios públicos, un indicador de que la crisis de asequibilidad afecta a millones. En ciudades como Nueva York, más de 850,000 hogares enfrentan estas dificultades, según análisis del Citizens Budget Commission.

Finalmente, el consenso entre los expertos es que las políticas deben ser integrales y equilibradas, combinando medidas de protección para los inquilinos con incentivos para que los propietarios continúen invirtiendo en nuevas viviendas.

Solo así, sostienen, se podrá afrontar eficazmente la crisis y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

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