En un fallo que podría marcar un precedente en la industria del transporte por aplicación, un jurado en California determinó que Uber no es responsable de la agresión sexual cometida por uno de sus conductores en 2016.

La sentencia se dio tras un proceso judicial que duró aproximadamente tres semanas en un tribunal de San Francisco, y supone un revés para las acusaciones contra la compañía que, supuestamente, había sido negligente en garantizar la seguridad de los pasajeros.

El caso en cuestión fue el primero en llegar a juicio entre más de 500 demandas similares que se han acumulado en tribunales estatales y federales del país.

Aunque las demandas colectivas superan las 2,000, este caso sirvió como un ejemplo para evaluar la responsabilidad de Uber en casos de delitos cometidos por sus conductores, quienes operan en una modalidad de contratación independiente.

La víctima, conocida en el juicio como Jessica C., presentó la demanda en 2021, afirmando que fue atacada por un conductor de Uber en 2016 durante un viaje. Según su relato, el conductor se detuvo en una calle secundaria y, presuntamente, la sometió, la manoseó y la besó sin su consentimiento. La defensa argumentó que Uber había implementado medidas de seguridad adecuadas y que la responsabilidad del incidente recaía en el conductor, que actuó de forma criminal.

Este caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de sus usuarios. La supuesta falta de medidas preventivas por parte de Uber, como la asignación de conductores según género o la utilización de cámaras de seguridad en los vehículos, ha sido criticada por defensores de los derechos de los pasajeros.

Sin embargo, Uber ha sostenido que sus controles y verificaciones de antecedentes son suficientes y que no puede ser considerado responsable por acciones criminales de sus conductores, que operan bajo contratos independientes.

Históricamente, Uber fue fundada en 2009 en San Francisco y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, transformando la forma en que las personas se desplazan en las ciudades.

Sin embargo, su rápido crecimiento también ha traído controversias relacionadas con la seguridad, derechos laborales y regulación. En 2015, la compañía enfrentó una serie de acusaciones similares y supuestamente implementó nuevas políticas de seguridad y monitoreo en respuesta a las críticas.

A pesar de las medidas adoptadas, informes y estudios independientes han señalado que las denuncias de agresiones sexuales y otros delitos en plataformas de transporte con conductores independientes permanecen elevadas.

La decisión del jurado en este caso no solo afecta la reputación de Uber, sino que también podría influir en futuras demandas y en cómo las empresas de transporte por aplicación manejan la seguridad de sus pasajeros.

Supuestamente, Uber continúa trabajando en mejorar sus protocolos de seguridad, como la incorporación de funciones de verificación en tiempo real y la colaboración con organizaciones dedicadas a la protección de víctimas de violencia.

La compañía también ha declarado que seguirá colaborando con las autoridades y reforzando sus medidas para prevenir incidentes futuros. Sin embargo, el debate sobre la responsabilidad y la protección en el transporte digital aún está abierto y será uno de los temas clave en la regulación del sector en los próximos años.