En una decisión que marca un hito para la política comercial de Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó que el presidente no tiene la autoridad para imponer aranceles de gran alcance de forma unilateral.

La sentencia, dictada con una votación de 6 a 3, anula las medidas adoptadas para responder a desequilibrios comerciales y a lo que la corte describe como posibles amenazas a la economía.

Aunque el fallo no invalida por completo toda acción ejecutiva en materia de comercio, sí establece límites claros sobre el uso de poderes presidenciales para gravar importaciones sin un proceso formal de revisión.

supuestamente El presidente Donald Trump señaló en redes sociales que había firmado aranceles del 10% para bienes de todo el mundo, para sustituir las medidas que la Corte cuestionó.

Esa afirmación ha generado especulación y ha sido recibida con cautela por mercados y analistas. La Casa Blanca no ha brindado una confirmación unívoca, y por tanto persiste la incertidumbre sobre si esas medidas podrán materializarse dentro de un marco legal permitido.

Frente al fallo, diversos analistas señalan distintas vías por las que Washington podría intentar retomar el control de su agenda arancelaria. Según evaluaciones de expertos, podrían explorarse caminos contemplados en varias leyes comerciales: la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, que permite restricciones por motivos de seguridad nacional; la Sección 122, 201 y 301 de la Trade Act de 1974, que habilitan gravámenes ante desequilibrios, amenazas a la industria o incumplimientos de acuerdos; y la Sección 338 de la Tariff Act de 1930, que autoriza aranceles de hasta el 50% del valor de un producto en respuesta a prácticas discriminatorias.

presuntamente Cada una de estas rutas entraña debates jurídicos sobre su alcance y sobre si podrían sostenerse ante un litigio en cortes federales.

En términos prácticos, la economía mundial observa con atención las posibles decisiones. Si alguna de estas vías se materializara, los costos de productos importados podrían aumentar tanto en Estados Unidos como en socios comerciales. Por ejemplo, un teléfono inteligente valorado en 800 USD podría pasar de aproximadamente 736 EUR a más de 809 EUR si se aplica un arancel del 10%, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a 0,92 EUR por cada USD.

Un televisor de 1.000 USD, que ronda los 920 EUR sin arancel, podría llegar a costar alrededor de 1.012 EUR con el gravamen, según la misma conversión. Otros artículos, como laptops o automóviles, también verían incrementos que, a nivel agregado, podrían influir en la inflación minorista y en la competitividad de las cadenas de suministro globales.

Históricamente, este tipo de herramientas comerciales no es nuevo. En la década de 1930 se consolidó la Tariff Act de 1930 y, décadas después, se fueron introduciendo ajustes y límites que buscaban equilibrar la necesidad de proteger industrias estratégicas con la apertura de mercados.

En la actualidad, el debate continúa entre quienes sostienen que la presión arancelaria puede corregir desequilibrios y quienes advierten que la economía global es interdependiente y que las guerras comerciales generan costos para consumidores y empresas por igual.

En resumen, la decisión de la Corte Suprema podría frenar ciertas tácticas unilateralistas, pero también deja abiertos varios escenarios que requerirán respuestas legales y políticas coordinadas.

El curso de las próximas semanas y meses mostrará si Estados Unidos apuesta por un marco regulatorio más claro y predecible o si, por el contrario, se mantiene un terreno en el que intervienen múltiples planes, procedimientos y tácticas que podrían volver a encender la llama de una fricción comercial a gran escala.