Los recortes en la Seguridad Social han suscitado alarmas entre los beneficiarios, quienes temen por la eficiencia del sistema y el acceso a sus beneficios.
Recientemente, la Administración de la Seguridad Social (SSA) ha tomado decisiones que han provocado el descontento de muchos ciudadanos, especialmente entre aquellos más vulnerables.
La SSA anunció una reestructuración masiva que incluye la reducción significativa de su plantilla, pasando de aproximadamente 57,000 a 50,000 empleados.
Esta decisión ha levantado alarmas entre políticos y expertos en políticas públicas, quienes advierten que los 72.5 millones de beneficiarios de la Seguridad Social podrían enfrentar retrasos en la tramitación de sus solicitudes de beneficios y tiempos de espera más largos para recibir asistencia.
La senadora Patty Murray (D-Washington), quien es vicepresidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, señaló que los gastos administrativos de la Seguridad Social representan menos del 1% de los beneficios pagados, y agregó que cortar personal y cerrar oficinas no reducirá el déficit ni hará al gobierno más eficiente.
"Esto solo complicará la vida de millones de estadounidenses que han ganado estos beneficios", afirmó. La preocupación radica en que estos recortes podrían llevar a una disminución en la calidad del servicio, afectando a jubilados y personas con discapacidades que dependen de estos pagos.
La situación se complica aún más con la introducción de nuevas políticas de identificación que requieren que las personas se presenten en las oficinas de la SSA o accedan a la información en línea, en lugar de poder hacerlo por teléfono.
Sin embargo, en medio de la presión pública, la SSA decidió retrasar la implementación de estas medidas, que han sido muy criticadas por su potencial para alienar a las generaciones mayores y a los ciudadanos de áreas rurales que no tienen fácil acceso a las oficinas.
Desde 2015, la SSA ha enfrentado un recorte de más del 9% en su personal, lo que ha resultado en un notable deterioro del servicio al cliente. Un informe de AARP de julio de 2024 reveló que el tiempo promedio para recibir una decisión sobre una solicitud inicial de beneficios por discapacidad se ha duplicado, pasando de cuatro a ocho meses.
Asimismo, los que llaman a la línea de atención al cliente de la SSA han reportado tiempos de espera de hasta 40 minutos.
La administración del expresidente Donald Trump ha defendido estos cambios como una medida para prevenir el fraude y eliminar el despilfarro en el programa.
En un comunicado de la Casa Blanca, se mencionó que la SSA realizó pagos impropios por un valor estimado de 72 mil millones de euros entre 2015 y 2022.
Sin embargo, los críticos argumentan que los últimos recortes solo perjudican a los beneficiarios, muchos de los cuales dependen de los cheques mensuales para sobrevivir.
La situación actual ha generado un clima de incertidumbre en torno a la continuidad de la Seguridad Social. Algunos expertos sugieren que estos recortes son un paso hacia la privatización del sistema, lo que podría poner en riesgo el acceso a beneficios esenciales para millones de estadounidenses.
La inquietud es palpable, y tanto ciudadanos como organizaciones defensoras de los derechos de los beneficiarios continúan presionando al gobierno para que reconsidere sus decisiones y priorice el bienestar de aquellos que más lo necesitan.