El posible cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que se ha prolongado por más de seis años, ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente en el ámbito sanitario.

La situación se ha agravado en los últimos días, ya que el Congreso no ha logrado llegar a un acuerdo sobre la financiación del gobierno, lo que podría desencadenar un cierre aún más largo y afectar a millones de estadounidenses.

Supuestamente, si el cierre continúa por varias semanas, se podrían presentar retrasos en citas médicas, incluyendo consultas con especialistas, tratamientos preventivos y atención en emergencias.

La Administración de Servicios de Salud y Salud Mental (HHS, por sus siglas en inglés), que incluye a los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), ha asegurado que continuará operando durante el cierre, ya que cuenta con fondos para mantener sus actividades hasta fin de año.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad de la financiación a largo plazo genera inquietud entre los profesionales de la salud y los beneficiarios.

Según expertos, un cierre prolongado podría afectar la prestación de servicios esenciales, especialmente en centros de salud comunitarios que dependen en gran medida de fondos federales y Medicaid.

Estas instituciones ofrecen atención no urgente a aproximadamente 34 millones de estadounidenses cada año, muchos de los cuales no tienen seguro médico o residen en zonas rurales o de bajos ingresos.

Aunque la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios ha asegurado que, supuestamente, los fondos actuales serían suficientes para mantener la operación, la incertidumbre y las posibles demoras en los pagos podrían complicar aún más la situación.

Además, la incertidumbre afecta a millones de beneficiarios del Seguro de Salud Asequible (ACA), cuyos subsidios y coberturas podrían verse seriamente afectados.

Sin un acuerdo, se prevé que los costos de las primas para estos planes se dupliquen en 2026, con un gasto promedio que pasaría de aproximadamente 800 euros en 2025 a más de 1.700 euros en 2026, según análisis de organizaciones de salud.

Por otro lado, la ley de financiamiento actual también incluye cambios que, supuestamente, reducirán la cobertura y aumentarán la carga financiera para millones de personas en Medicaid.

La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que, en la próxima década, 7,5 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura, en parte porque se requerirá que los adultos no discapacitados en Medicaid tengan un empleo, voluntariado o estén inscritos en estudios para mantener sus beneficios.

Desde hace años, el Congreso ha recurrido a extensiones temporales de fondos para evitar cierres totales, pero la historia reciente muestra que estos parches solo retrasan lo inevitable.

La falta de acuerdo sobre el presupuesto no solo afecta la salud, sino también la economía, ya que los retrasos en pagos y servicios impactan en hospitales, clínicas y trabajadores del sector salud.

En resumen, si el cierre del gobierno se prolonga, no solo habrá dificultades en la atención médica, sino también en otros servicios públicos esenciales.

La expectativa es que, si no se alcanzan acuerdos en los próximos días, la situación podría agravarse, afectando a millones de estadounidenses y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema sanitario en el país.