La reciente reforma fiscal impulsada por el expresidente Donald Trump ha generado un impacto notable en la industria del juego y en los apostadores de Estados Unidos, y presuntamente también en otros países que siguen de cerca las políticas estadounidenses.

Esta ley, que fue promulgada en julio de 2025, introduce cambios significativos en la forma en que se gestionan las deducciones fiscales relacionadas con las ganancias y pérdidas en los juegos de azar.

Uno de los cambios más destacados es la modificación del umbral para la declaración de ganancias en máquinas tragamonedas en casinos, que se eleva desde los $1,200 (unos 1.100 euros) hasta los $2,000 (aproximadamente 1.850 euros), ajustándose automáticamente a la inflación a partir de 2027. Este incremento, que en realidad representa una mejora para los jugadores, fue bien recibido por la industria del juego, que supuestamente busca modernizar y facilitar la fiscalización de las operaciones en los casinos.

El senador demócrata Dina Titus, quien ha sido una férrea defensora de los derechos de los jugadores, afirmó que esta medida aún no es suficiente.

Presuntamente, la propuesta ideal sería elevar el umbral a 5.000 euros, en línea con las recomendaciones del Consejo Asesor del IRS, que sugirió un aumento superior a los 6.600 euros en valor ajustado por inflación. La ley también establece que, a partir de 2026, los jugadores podrán deducir solo el 90% de sus pérdidas en lugar del total, lo que representa una reducción significativa en los beneficios fiscales para quienes apuestan de manera habitual.

Supuestamente, esta reducción en la deducción puede afectar adversamente a los jugadores profesionales y a los habituales en casinos, quienes en el pasado podían deducir la totalidad de sus pérdidas si estas no superaban sus ganancias.

La ley limita las deducciones a los ingresos por apuestas, lo que podría forzar a muchos a pagar impuestos incluso cuando han tenido un año negativo en sus actividades de juego.

Además, la senadora Titus ha propuesto la ley My FAIR BET, que busca revertir esta tendencia y restablecer la deducción del 100% de las pérdidas. La iniciativa sostiene que se debe promover una mayor transparencia y una correcta declaración de las ganancias, incentivando el uso de operadores regulados y legales.

Sin embargo, presuntamente, la nueva legislación puede empujar a muchos jugadores a recurrir a plataformas no reguladas, lo que podría complicar aún más el control por parte de las autoridades fiscales.

En resumen, la reforma fiscal de Trump, que supuestamente busca modernizar y simplificar el sistema, también tiene implicaciones que podrían obligar a los apostadores a pagar impuestos incluso en años en que han sufrido pérdidas.

La ley, que entrará en vigor en 2026, representa un cambio importante en la política tributaria relacionada con los juegos de azar y continúa siendo objeto de debate entre legisladores, expertos y jugadores profesionales en todo el mundo.