En un movimiento que ha generado controversia a nivel nacional, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado un nuevo proyecto de ley fiscal que, según supuestamente expertos, podría reducir en casi 900 mil millones de euros la financiación de Medicaid durante la próxima década.

Este programa, que en la actualidad cubre a aproximadamente 69 millones de estadounidenses, principalmente bajos ingresos, discapacitados y niños, podría experimentar una disminución en sus recursos, afectando a millones de beneficiarios.

Supuestamente, la ley, que el gobierno ha promocionado como la 'gran y hermosa ley', busca facilitar recortes en el gasto público y fortalecer las políticas de inmigración.

Sin embargo, la medida también contempla cambios en los requisitos de elegibilidad para Medicaid, como la implementación de verificaciones de empleo más frecuentes y la imposición de obligaciones laborales para ciertos beneficiarios.

Históricamente, Medicaid fue establecido en 1965 como parte de la Ley de Seguridad Social, con el objetivo de proporcionar atención médica accesible a las poblaciones más vulnerables.

Desde entonces, ha sido considerado uno de los pilares del sistema de salud estadounidense, con un financiamiento compartido entre el Estado y el Gobierno federal.

Sin embargo, en los últimos años, diferentes administraciones han intentado modificar sus reglas y reducir su alcance, argumentando la necesidad de contener el gasto público.

Supuestamente, la nueva legislación requerirá que los estados verifiquen la elegibilidad de los beneficiarios dos veces al año y establezcan sistemas para comprobar su empleo o estatus laboral.

Además, se presunto que se eliminará la cobertura para inmigrantes indocumentados que reciben Medicaid a través de programas estatales.

Estas medidas, advirtieron expertos en salud, podrían incrementar los costos administrativos y provocar la pérdida de cobertura para millones de personas que, debido a errores administrativos o dificultades en la verificación, quedarían excluidas del programa.

Los hospitales y clínicas que atienden a población de bajos recursos han expresado su preocupación, señalando que una reducción en la financiación de Medicaid podría traducirse en cierres de unidades y en una mayor carga de atención no remunerada.

Supuestamente, los defensores de la ley afirman que los cambios permitirán un uso más eficiente de los recursos y promoverán la responsabilidad laboral entre los beneficiarios.

Sin embargo, críticos señalan que la medida podría causar un daño irreversible al sistema sanitario, especialmente en zonas rurales y en comunidades marginadas, donde Medicaid representa la principal fuente de atención.

El impacto en los hospitales y en la calidad de la atención será profundo, según analistas. La reducción de fondos podría obligar a estos centros a limitar servicios, reducir personal o incluso cerrar. La Asociación de Hospitales de EE. UU. ha declarado que la ley podría ocasionar un aumento en la atención no remunerada, lo que a su vez elevaría los costos para las instituciones sanitarias y deterioraría la atención a los pacientes.

Se estima que los cambios en la ley entrarán en vigor en 2027, aunque algunos estados ya han solicitado permisos especiales para implementar requisitos laborales antes de esa fecha.

La medida también afectará a las familias, ya que muchas podrían perder acceso a servicios esenciales, incluyendo atención médica y asistencia alimentaria, lo que a largo plazo podría aumentar las tasas de enfermedad y pobreza.

Supuestamente, en el contexto histórico, estas políticas representan una de las mayores modificaciones en la historia del sistema sanitario de EE. UU., con un impacto directo en la vida de millones de ciudadanos. La comunidad médica y organizaciones sociales continúan luchando para evitar que estos recortes se conviertan en realidad, advirtiendo que la salud y el bienestar de las poblaciones más vulnerables están en juego.