Apenas algunas semanas después de que el presidente hiciera promesas sobre bajar los precios de los medicamentos, una paciente llamada Patricia Brown recibió una infusión de Keytruda en una clínica de California.

El recibo fue claro: una dosis de 400 mg por la que la factura llegó a 162.567,74 dólares. Brown, una cocinera con cáncer de pulmón, terminó pagando alrededor de 2.000 dólares de bolsillo, pero la factura deja en claro algo: en Estados Unidos, cuando se trata de tratamientos de vanguardia, el precio puede subir por las nubes muy rápido, y el coste final lo paga alguien, ya sea la empresa que la ofrece, el seguro del empleador o la propia economía del país.

Keytruda es un fármaco que se convirtió en un pilar para miles de pacientes con cáncer. Pero la forma en que se fijan sus precios en Estados Unidos revela una maquinaria compleja: Merck empieza con un precio alto para cada dosis, y luego, según el seguro, el centro médico y los intermediarios, ese precio puede escalar todavía más.

En la empresa señalan que el alto precio refleja el valor del fármaco para pacientes, sistemas de salud y sociedad, y que se recuperan costos de investigación y desarrollo para financiar futuras innovaciones.

La investigación conjunta de ICIJ y USA TODAY muestra que Merck ha usado varias herramientas para mantener a Keytruda caro. Primero, la compañía ha construido una muralla de patentes que protege el fármaco en Estados Unidos y en decenas de países. Con más de 50 patentes activas en EE. UU. y más de 1.200 solicitudes en todo el mundo, la idea es bloquear la entrada de versiones más baratas, como biosimilares, durante muchos años. Según analistas, esa especie de cerco legal podría alargar la dominancia comercial y, por tanto, los ingresos de Merck durante años tras la expiración de patentes.

Segundo, la firma ha defendido la idea de que no debe permitirse que Medicare negocie precios de este fármaco, alegando que la intervención de intermediarios y aseguradoras eleva el costo final para los pacientes.

En EE. UU., los responsables de Merck señalan que lo que ya se paga al detalle por cada tratamiento depende de una cadena de acteurs que incluye mayoristas, gestores de beneficios farmacéuticos y hospitales, lo que complica cualquier reducción súbita de precio.

Tercero, pese a que hay investigaciones que indican que dosis más bajas podrían ser igual de efectivas para algunos pacientes, Merck no ha cambiado la pauta de dosificación para ahorrar costos, y los hospitales y sistemas de salud siguen enfrentando facturas aún mayores.

Un estudio de la health care cost institute (HCCI) mostró que el coste de un tratamiento de Keytruda en hospitales suele ser significativamente mayor que en consultas privadas, a la par que la variabilidad de precios entre hospitales y estados es enorme.

El negocio de Keytruda no es menor para Merck: la empresa reportó 31,7 mil millones de dólares en ventas mundiales de este fármaco en 2025, con cerca del 60% de esas ventas en Estados Unidos.

Frente a esa magnitud, las discusiones sobre cuánto cuesta cada dosis se vuelven, para muchos, una cuestión de sostenibilidad del sistema sanitario y de los presupuestos de las familias trabajadoras.

Otra ruta para mantener precios altos es el uso de lo que llaman un “patent thicket” o cerco de patentes, que obliga a enfrentar demandas y a gastar mucho dinero para ganar tiempo frente a posibles competidores.

Expertos señalan que la mera existencia de múltiples patentes puede desincentivar a empresas que quisieran lanzar versiones biosimilares; la economía del fármaco se sostiene con una mezcla de exclusividad de mercado y costos de entrada para proyectos rivales.

En paralelo, Merck ha introducido una versión nueva del fármaco, una formulación injectable llamada Keytruda Qlex. Se espera que una parte de los usuarios cambie a esta versión antes de que expire la patente original en 2028, lo que podría desplazar la competencia y dilatar su entrada total al mercado.

Por otro lado, la disputa sobre el precio de Keytruda ha puesto sobre la mesa una serie de datos preocupantes sobre la eficiencia del sistema. En muchos hospitales, las facturas de Keytruda superan con creces el coste de compra del fármaco, y las diferencias entre comunidades y aseguradoras pueden dejar a los pacientes con facturas que parecen más un rompecabezas que una factura de tratamiento.

Además, existen críticas al programa 340B, que subsidia a hospitales para vender medicamentos a precios reducidos y, a veces, repercute en ganancias cuando esas mismas clínicas atienden a personas con mejores seguros o a comunidades más ricas.

En resumen, el coste de Keytruda no es solo una cuestión de precio de lista. Es el resultado de un mosaico de patentes, intermediarios, decisiones regulatorias y estructuras hospitalarias que, en conjunto, sostienen un precio alto para un tratamiento que, para muchos pacientes, puede significar la diferencia entre seguir luchando o no.

Y mientras la conversación sobre cómo hacer más asequible la sanidad evoluciona, el sistema continúa transfiriendo parte del coste a empleadores, pacientes y a la propia política pública, con la factura final en manos de contribuyentes y hospitales que deben equilibrar la atención con la economía del día a día.