La salud debe ser un refugio, no un detonante de desalojo. En varias ciudades de Estados Unidos, familias trabajadoras se han visto forzadas a elegir entre pagar tratamientos médicos y mantener un techo. Este reportaje reúne experiencias de personas que, tras enfrentar crisis de salud; pérdida de empleo y elevados gastos médicos; corren el riesgo real de quedarse sin vivienda.

Supuestamente, estas historias podrían repetirse en muchos hogares que no cuentan con un seguro sólido ni redes de apoyo suficientes para atravesar periodos de enfermedad y recuperación.

Uno de los casos más citados es el de Sonya Ross, una madre de Louisiana, afectada por el huracán Ida en agosto de 2021. Tras perderlo todo, Ross y sus dos hijas vivieron en hoteles durante varios meses y, poco después, enfrentaron una segunda prueba: un ataque al corazón que requirió dos semanas de hospitalización y una cirugía de alta complejidad.

A partir de entonces, Ross ha lidiado con una serie de condiciones crónicas, entre ellas una enfermedad cardíaca, cáncer de útero y diabetes tipo 1, que ha menguado su visión y su capacidad para trabajar de forma continua.

Aunque ha encontrado empleo de forma irregular en hospitales como recepcionista de pacientes, la necesidad de adaptarse a horarios y a la coordinación de cuidados ha limitado sus oportunidades.

Actualmente, Ross está dos meses atrasada en el pago del alquiler y el acoso de la decisión de desalojo se suma a las facturas de servicios que siguen pendientes; además, su suministro eléctrico ha sido interrumpido en varias ocasiones.

Presuntamente, la familia ha intentado buscar apoyo en programas sociales y en donaciones privadas, pero el saldo de su vida diaria continúa siendo frágil.

En otro frente, la historia de Johnika Jamison, ex consejera escolar, ilustra cómo una combinación de embarazos complicados y cambios laborales puede dejar a una familia en una situación precaria.

Jamison y sus cinco integrantes acabaron en la calle en 2024 tras dos embarazos difíciles que afectaron su carrera y sus ingresos. Una campaña de GoFundMe recogió más de 60.000 dólares en menos de tres semanas, lo que equivaldría a unos 55.200 euros al tipo de cambio actual, y aun así no siempre alcanza para cubrir alquiler, depositos y servicios durante meses.

Entre las voces que acompañan estas historias, está la de Joseph McNeil, un residente de Maryland de 49 años que trabaja en un centro de rehabilitación de adicciones.

Su familia vive en un hotel desde julio y, según sus cálculos, ha gastado más de 14.000 dólares en alojamiento temporal; eso sería aproximadamente 12.880 euros. McNeil explica que, para poder mudarse a un departamento, hacen falta ingresos que superen claramente la renta y, al mismo tiempo, una cuota de entrada que cubra el primer mes de alquiler y un depósito de seguridad.

En su caso, la suma necesaria para asegurar un hogar estable implica un esfuerzo económico que excede con mucho lo que pueden aportar sus ingresos actuales.

Supuestamente, la esperanza reside en recibir un subsidio de vivienda, aunque el proceso ha sido largo y a veces frustrante.

La experiencia de estas familias no es un caso aislado. Según la U.S. Interagency Council on Homelessness, millones de estadounidenses están a una crisis de perderlo todo: una enfermedad grave, una pérdida repentina de ingresos o una reducción drástica de las prestaciones pueden convertir una vivienda estable en una amenaza de desalojo de forma rápida.

En 2021-2024, en varias ciudades, los costes de atención médica y de vivienda han aumentado a ritmos que el propio mercado no ha podido absorber con rapidez.

Aunque existen redes de apoyo, muchos hogares dependen de donaciones, préstamos o ahorros que, de forma simultánea, se vuelven insuficientes ante la magnitud de los gastos médicos.

Más allá de los relatos individuales, estos casos señalan un conflicto estructural: la salud de una persona no puede convertirse en la factura que lleva a la pérdida de vivienda.

En el plano histórico, la couple de décadas recientes ha visto tendencias de incremento en los costos de vivienda y en la carga de las atenciones sanitarias, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

Los datos históricos de inflación en vivienda y los cambios en el seguro de salud público y privado sugieren que, sin reformas, muchas familias podrían encontrarse en una situación de vulnerabilidad similar en el corto plazo.

Este reportaje no pretende presentar soluciones rápidas, sino abrir un debate sobre cómo estructuras públicas, redes de apoyo y comunidades locales pueden trabajar para evitar que una crisis de salud termine en desalojos.

En el tramo final, se destacan las historias de resiliencia y las llamadas a una mayor coordinación entre servicios sociales, hospitales y organizaciones civiles, para que nadie tenga que elegir entre su tratamiento médico y un techo digno.

Si estas situaciones se amplían, podrían convertirse en una prioridad social y política de primer orden para el nuevo ciclo de políticas públicas en Estados Unidos y, por extensión, para otros países que enfrentan dilemas semejantes.