El 21 de enero de 2025, el Consejo de Ministros del Gobierno español autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia, con un importe que asciende a 306.808.000 euros, para poner en marcha medidas agrarias necesarias tras los devastadores efectos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta intervención responde a las necesidades expuestas en dos Reales Decretos-ley: el 7/2024 y el 9/2024.

El primero de estos decretos establece un plan con dos ejes fundamentales.

El primero busca proporcionar una inyección de liquidez para asegurar la viabilidad de las empresas agrarias afectadas.

El segundo se enfoca en la reconstrucción de la capacidad productiva mediante varias acciones específicas, que incluyen la limpieza de tierras agrarias en áreas no directamente impactadas por la catástrofe, un programa de reparación y renovación de maquinaria dañada, además de la creación de líneas de liquidez a través de préstamos.

En línea con estas actuaciones, el Gobierno también prevé medidas de intervención orientadas a mejorar la distribución de alimentos y reforzar los canales de distribución que se vieron comprometidos durante la DANA. Esto es esencial para asegurar que los productos agrícolas puedan llegar a la población de manera eficiente y oportuna.

Además, se ha establecido una ayuda temporal extraordinaria destinada a personas físicas y jurídicas, así como a entidades sin personalidad jurídica que tengan explotaciones agrarias ubicadas en la zona afectada por la DANA. Esta asistencia tiene como objetivo cubrir una parte de las pérdidas sufridas y garantizar una rápida y efectiva inyección de fondos.

La gestión de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Desde el año 2024, el Ministerio ya había comenzado a valorar económicamente las medidas necesarias, extendiendo su análisis a los años 2024, 2025 y 2026, lo que eventualmente condujo a la aprobación de modificaciones presupuestarias.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 9/2024 amplía el alcance de las medidas establecidas en el 7/2024, incluyendo los cultivos y explotaciones agrarias que, aunque también sufrieron las consecuencias de la DANA, no están ubicadas dentro de los municipios indicados en el decreto original.

Con ello, se busca asegurar que todas las áreas afectadas, incluidos lugares como la provincia de Valencia, que fueron severamente impactadas, puedan beneficiarse de las medidas de ayuda implementadas.

Esta aprobación refleja un compromiso serio del Gobierno por mitigar los efectos de desastres naturales en el sector agrario, que es fundamental para la economía española y la seguridad alimentaria del país.

Es vital que se implementen estos recursos de manera eficiente y que lleguen a quienes más los necesitan en estos momentos difíciles.