Supuestamente, el gobierno de Estados Unidos está considerando la posibilidad de vender una parte significativa de su cartera de préstamos estudiantiles a inversores privados, una medida que podría afectar a más de 45 millones de prestatarios federales.

La cartera total de préstamos estudiantiles del país alcanza aproximadamente 1.4 billones de dólares, equivalentes a unos 1.2 billones de euros, y la venta de estos activos sería una estrategia para reducir la carga financiera del Estado y facilitar la emisión de nuevos créditos.

Históricamente, el sistema de préstamos estudiantiles en EE.UU. ha sido un pilar fundamental para facilitar el acceso a la educación superior, pero también ha generado una enorme deuda para millones de jóvenes. Desde la crisis financiera de 2008, el gobierno ha implementado diversas medidas para aliviar la carga de los prestatarios, como pausas en los pagos y reducción de intereses, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la posible venta de la cartera de préstamos no es un fenómeno nuevo. En 2019, durante la administración de Donald Trump, se exploró la opción de privatizar esta deuda para reducir costos en el presupuesto federal. Actualmente, supuestamente, esta propuesta ha resurgido en medio de debates sobre cómo reducir el déficit y la carga de la deuda pública.

Según fuentes anónimas, el proceso de venta sería realizado de forma que los prestatarios no notarían cambios inmediatos en sus condiciones de pago.

La ley permite que la cartera de préstamos pueda ser vendida si no representa un costo adicional para el Estado, pero expertos advierten que esto podría limitar las protecciones que actualmente tiene el deudor.

Por ejemplo, actualmente, los beneficiarios pueden acceder a programas de perdón y a pausas en los pagos, beneficios que podrían estar en riesgo si sus préstamos son transferidos a entidades privadas.

Los analistas también señalan que las empresas privadas no pueden, en muchos casos, embargar salarios o beneficios sin acudir previamente a la vía judicial, lo que podría complicar la recuperación de los créditos.

Presuntamente, una venta de estos préstamos también podría implicar cambios en los términos de los contratos, lo que podría traducirse en mayores intereses o en la eliminación de ciertas facilidades de pago.

Aunque algunos expertos consideran que estas medidas podrían ser beneficiosas para reducir el costo del sistema, otros alertan que podrían agravar la situación de los deudores.

En el contexto político, la venta de la cartera de préstamos estudiantiles forma parte de un debate más amplio sobre la privatización de servicios públicos y la reducción del gasto social.

Algunos analistas presuntamente ven en esta estrategia una manera de deshacerse de un activo problemático y obtener recursos inmediatos, aunque a costa de los derechos de millones de jóvenes que dependen de estos créditos.

Por último, la comunidad estudiantil y las organizaciones de defensa del derecho a la educación han expresado su preocupación ante esta posible medida, argumentando que podría aumentar la desigualdad y dificultar aún más la recuperación económica de quienes ya enfrentan un alto nivel de endeudamiento.

La resolución final dependerá de las decisiones que tome el Congreso y del desarrollo de las próximas semanas, pero lo que está claro es que, si se lleva a cabo, tendrá un impacto duradero en la política educativa y financiera del país.