En los últimos meses, la ola de legislación en países de tendencia conservadora ha puesto en jaque los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017, el tema de la inclusión ha sido utilizado como un arma política para movilizar a la base conservadora, y ahora, los estados liderados por republicanos están intensificando esa estrategia.

Desde leyes que eliminan oficinas de DEI en gobiernos estatales hasta restricciones en universidades y empresas públicas, la tendencia es clara: muchos legisladores buscan frenar o eliminar estas iniciativas que consideran 'woke' o excesivamente ideologizadas.

La situación actual se asemeja a movimientos similares en otros países, donde las políticas de inclusión se ven como una amenaza a valores tradicionales o a la meritocracia.

Por ejemplo, en West Virginia, el gobernador Patrick Morrisey firmó un decreto ejecutivo en 2024 que eliminaba toda referencia a programas de DEI en el sector público, y posteriormente convirtió esa orden en ley.

Morrisey afirmó que su intención era priorizar la igualdad ante la ley y no favorecer ciertos grupos en detrimento de otros, aunque críticos señalan que estas leyes reducen la posibilidad de abordar desigualdades históricas.

La estrategia de los republicanos no es exclusiva de West Virginia. En Iowa, el gobernador Kim Reynolds promovió una ley que prohíbe cualquier actividad relacionada con DEI en instituciones públicas, enviando un claro mensaje de rechazo a estas políticas.

De manera similar, en Indiana, el gobernador Mike Braun firmó una ley que prohíbe a las instituciones públicas considerar características como raza o religión en sus procesos de contratación y promoción, sustentando que la meritocracia debe prevalecer por encima de cualquier criterio de diversidad.

No obstante, esta tendencia no solo se limita a los estados rojos. En los estados azules, también hay resistencia y esfuerzos por defender las políticas de inclusión. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó varias leyes que buscaban restringir las prácticas de DEI, argumentando que estas políticas ayudan a crear un gobierno más representativo y justo.

El debate sobre la validez o necesidad de las políticas de DEI tiene raíces profundas en la historia de Estados Unidos. Desde la lucha por los derechos civiles en los años 60, hasta las recientes protestas tras la muerte de George Floyd en 2020, el país ha visto un incremento en los esfuerzos por corregir desigualdades estructurales.

Sin embargo, en la actualidad, estas iniciativas enfrentan una fuerte resistencia en los estados controlados por la derecha política.

El contexto internacional también es relevante. Países como Brasil y Hungría han adoptado medidas similares, limitando la discusión sobre diversidad en instituciones públicas y educativas, en un movimiento que algunos analistas consideran parte de una tendencia global hacia la derecha populista y nacionalista.

En términos económicos, las empresas en Estados Unidos también han sentido las presiones políticas. Grandes corporaciones como Walmart, Meta y Apple han reducido o eliminado sus programas de DEI, en respuesta a las leyes que restringen estas actividades y a una percepción de que estas políticas pueden afectar la rentabilidad y la percepción pública.

En conclusión, la lucha contra las políticas de diversidad y equidad en Estados Unidos continúa siendo un tema candente y divisorio. Mientras algunos estados buscan promover la inclusión, otros trabajan activamente para limitarla, reflejando una profunda polarización cultural que probablemente persistirá en los próximos años.

La disputa no solo afecta la legislación, sino también la percepción del país sobre qué significa ser justo y equitativo en una sociedad moderna.

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