La resolución entre la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB) y Navient, anunciada tras años de litigio, ya se está materializando en pagos para millones de prestatarios.

Según la CFPB, Navient dejó de gestionar préstamos federales y acordó pagar 120 millones de dólares para cerrar el caso, una cifra que, al tipo de cambio actual, equivale aproximadamente a 110,4 millones de euros.

De ese total, 100 millones de dólares quedaron destinados a compensaciones directas para los prestatarios, lo que se traduce en alrededor de 92 millones de euros para esos beneficiarios.

El resto cubre costos y ajustes administrativos derivados del proceso.

Los pagos comenzaron el 13 de febrero de 2024, de acuerdo con la información oficial, y ya se reportan envíos a través de cheques enviados por correo y otros métodos de pago implementados por la entidad encargada del proceso.

Las reacciones de los consumidores han llegado en redes sociales y en foros especializados: las sumas que algunas personas han recibido oscilan entre 100 y 2.000 dólares, es decir, aproximadamente entre 92 y 1.840 euros, dependiendo del historial de cada prestatario y de las circunstancias específicas de su cuenta.

En total, se estima que la liquidación abarca más de 6 millones de cuentas de préstamos estudiantiles que quedaron cubiertas por este acuerdo, un volumen que refleja la magnitud de las reclamaciones que surgieron durante años de disputas entre prestatarios y la administración de préstamos.

Navient, por su parte, mantiene que no admite las acusaciones formuladas en su contra y argumenta que la acción judicial buscaba resolver controversias mediante un arreglo que evita procesos continuados.

Según el acuerdo, la compañía también se comprometió a dejar de prestar servicios de préstamos federales como parte de la resolución.

El origen del caso se remonta a 2017, cuando la CFPB presentó cargos que señalaban prácticas presuntamente engañosas dirigidas a que los prestatarios abandonaran planes de pago más ventajosos, lo que provocaba costos de interés más altos a largo plazo.

Los acontecimientos adquieren contexto en un periodo de profundas discusiones sobre la deuda educativa en Estados Unidos: durante la era de la administración de Trump, la CFPB enfrentó restricciones, mientras que bajo la administración de Biden algunas medidas de cumplimiento se fortalecieron y se aceleraron procesos como este, con el objetivo de proporcionar alivio a quienes fueron parte de préstamos estudiantiles federales.

Este desembolso no altera la deuda subyacente ni las calificaciones crediticias de los prestatarios, pero representa, para muchos de ellos, un alivio tangible ante un pasado complicado.

Qué deben hacer los prestatarios elegibles: quienes cumplen los requisitos recibirán un cheque por correo, según indicaciones de la CFPB, y una parte de la distribución se gestiona a través de Rust Consulting, la firma encargada de administrar los pagos en este caso.

Presuntamente, algunos aspectos del proceso podrían sufrir cambios administrativos o regulaciones adicionales que afecten a ciertos beneficiarios, por lo que se recomienda a las personas interesadas estar atentas a los comunicados oficiales y a las operaciones de contacto proporcionadas por la CFPB y Rust Consulting.

En resumen, este acuerdo representa un paso significativo en la reestructuración de prácticas de préstamos estudiantiles y en la búsqueda de un equilibrio entre la responsabilidad corporativa y las necesidades de los millones de consumidores que se vieron afectados durante años.

Su impacto, sin embargo, debe evaluarse en el marco de un panorama de deuda educativa más amplio, donde siguen vigentes debates sobre alivio, transparencia y protección del consumidor.