Un plan de deducción fiscal inmediata para la construcción de viviendas podría acelerar la oferta, pero los expertos cuestionan su alcance real y su costo para las arcas públicas.

La escasez de viviendas en Estados Unidos sigue siendo un tema álgido para la política pública, y un nuevo análisis explora si una deducción de gastos de inmediato para la construcción podría modificar el panorama.

Supuestamente, permitir a los constructores deducir de forma instantánea los costos de edificación podría acelerar la oferta, pero los expertos advierten que no está claro que esa medida sea suficiente para resolver un cuello de botella que, según estimaciones, ronda las 4 millones de viviendas necesarias.

El plan planteado propone que los constructores puedan deducir de inmediato hasta 150.000 dólares por unidad de construcción, y hasta 250.000 dólares por unidad en proyectos que incluyan unidades con ingresos restringidos. Si se traduce a euros, esas cifras serían aproximadamente 138.000€ por unidad y 230.000€ por unidad, respectivamente, según tipos de cambio actuales. La idea es que estas deducciones se apliquen de forma inmediata, en lugar de depreciarse a lo largo de años, como ocurre con otros beneficios fiscales.

La propuesta aparece en el marco de un conjunto de análisis realizado por el Center for American Progress, un think tank de orientación progresista, y el Urban-Brookings Tax Policy Center, y ya ha sido objeto de discusión en Washington.

Supuestamente, su objetivo es estimular la inversión en viviendas multifamiliares y, en particular, proyectos que incorporen unidades asequibles, para reducir la brecha entre la demanda y la oferta.

En 1981, una reforma similar redujo el periodo de depreciación de los costos de construcción a la mitad y, según el informe, la construcción de edificios multifamiliares dio un salto del 41% en los cinco años siguientes.

Esa experiencia se cita para argumentar que cambios fiscales pueden incentivar la construcción, aunque los analistas señalan que no existe consenso sobre si el efecto se replica en la actualidad.

El razonamiento es que podrían haber múltiples factores que impulsan la inversión, no solo la depreciación acelerada.

El costo para el Tesoro de una medida así podría ser considerable: se estima que podría rondar los 184.000 millones de euros durante la próxima década y, en conjunto, podría facilitar la creación de entre 651.000 y 977.000 viviendas nuevas, según las proyecciones citadas. Aun así, los expertos advierten que, en la práctica, la estructura de beneficios tiende a favorecer a inversores con ingresos fiscales altos o a entidades con capacidad para aprovechar deducciones de inmediato, lo que podría concentrar beneficios en determinados actores.

La discusión también resalta que, si la propuesta se implementa tal como está descrita, podría atraer apoyos bipartidistas, presuntamente por su énfasis en aumentar la oferta de vivienda sin depender de subsidios directos o de cambios regulatorios extensos.

No obstante, existe escepticismo sobre si una única herramienta fiscal podría resolver un problema de fondo tan complejo como la escasez de suelo, permisos, costos de construcción y tiempos de desarrollo.

Entre los actores involucrados, la senadora Lisa Blunt Rochester ha presentado una iniciativa llamada Rental Housing Investment Act, impulsada, presuntamente, por la idea de canalizar inversión privada hacia la construcción de viviendas asequibles.

En declaraciones a los medios, Rochester expresó que la necesidad de vivienda asequible afecta a comunidades desde Georgetown hasta Wilmington y que es imprescindible incorporar más viviendas para recuperar el sueño americano de muchas familias.

Con todo, los analistas destacan que la deducción de gastos inmediatos, por sí sola, podría no desencadenar un repunte sostenido de la oferta si no viene acompañada de otros elementos: reducción de costos de construcción, simplificación de trámites, y mayor disponibilidad de financiamiento a largo plazo.

En el marco de una crisis de vivienda que persiste en el país, cada posible herramienta debe evaluarse con rigor para evitar efectos no deseados, como beneficios desproporcionados para actores ya establecidos o gasto público que no se traduzca en más y mejores viviendas para la mayor cantidad de personas.

En resumen, la propuesta de deducción inmediata para gastos de construcción de vivienda es un giro relevante en el debate fiscal y urbanístico, pero aún está envuelta en incertidumbre sobre su efectividad real y su coste para las arcas públicas.

La discusión continúa mientras se buscan soluciones que, además de incentivar la inversión, logren ampliar de forma sostenida la oferta de vivienda para millones de familias que hoy enfrentan altos precios y lacerantes esperas.